A través de un largo documento en el que se analiza el proceso político en Bolivia, Human Rights Watch denuncia los sucesos de injerencia judicial y persecución política perpetrados por el gobierno de facto.

En primer lugar, la organización advierte que el gobierno de Añez «ha presionado de forma pública a fiscales y jueces para que actúen de manera favorable a sus intereses, resultando en más de 150 investigaciones penales por delitos de sedición o terrorismo contra partidarios de Morales y personas vinculadas con su gobierno». Sobre ello concluyen que «muchos de estos procesos parecen estar motivados por intereses políticos».

El análisis de Human Rights Watch se ha llevado a cabo a través de distintas visitas y múltiples entrevistas llevadas a cabo entre 2019 y 2020.

Sobre ello llaman la atención ante las actuaciones del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien «prometió ‘ir a la cacería’ y ‘perseguir’ a miembros del gobierno de Morales. Pidió al Fiscal General que realizara ‘una purga’ en la fiscalía y advirtió su intención de ‘perseguir’ a los jueces y fiscales que estén ‘liberando a delincuentes'».

Esto para la organización supone «una amenaza que entraña un ataque manifiesto a la independencia del sistema de justicia».

Es cierto que Human Rights Watch informa de que no ha analizado todas los procesos abiertos, pero sobre los que han investigado sentencian taxativamente de que existe la «evidencia de cargos infundados, violaciones del debido proceso, cercenamiento de la libertad de expresión y uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva».

Posteriormente, también se alude a una desproporción implícita en los cargos presentados contra Evo Morales, que «en lugar de una medida orientada a asegurar el Estado de derecho, más bien parece un ataque político contra Morales y sus partidarios».

Por ello Human Rights Watch ha lanzado, para finalizar el informe, una serie de medidas que deberían ser tomadas en cuenta para la «restitución del estado de derecho».