El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha acordado la imputación del presidente de Iberdrola Ignacio Sánchez Galán y de tres directivos por un delito continuado de cohecho activo, delito contra la intimidad y falsedad en documento mercantil por los encargos presuntamente ilícitos encomendados al comisario José Manuel Villarejo.

La imputación de Sánchez Galán llega más de año y medio después de que la Audiencia Nacional abriera la pieza 17 del caso Villarejo, tras el hallazgo de documentación y otros archivos en el domicilio de Villarejo, en el que se señalaba directamente a Iberdrola como beneficiaria de los servicios de Cenyt, la empresa de espionaje del expolicía.

En mayo, Sánchez Galán y los otros tres imputados fueron puestos a disposición de la Audiencia Nacional y el próximo mes de julio tendrán oportunidad de esclarecer quien ordenó contratar con el Grupo Cenyt en un momento en que Sánchez Galán era consejero delegado y Villarejo funcionario policial en activo. García Castellón se ampara principalmente en el relato del exdirector de Funciones Corporativas, José Antonio del Olmo, que denunció un sistema de facturas falsas para pagar a José Manuel Villarejo.

En 2004 la eléctrica contrató con Cenyt, empresa de Villarejo, a través del director de Seguridad, el también imputado Antonio Asenjo, el proyecto Arrow, que tenía por objeto superar los obstáculos para la construcción y puesta en funcionamiento de una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (Cádiz).

Iberdrola mantendrá a Sánchez Galán como presidente y mantendrá su sueldo de 12M a pesar de su imputación
Iberdrola mantendrá a Sánchez Galán como presidente y mantendrá su sueldo de 12M a pesar de su imputación

Para ese proyecto, que se extendió hasta 2006, el comisario accedió a tráficos de llamadas de investigados y los informes que llegaban a Iberdrola tenían el carácter de confidencial. El juez dice que hubo intención de ocultar esos trabajos porque las facturas no fueron emitidas por Cenyt sino por la compañía Castellana de Seguridad S.A. (CASESA) y apunta que por entonces, Sánchez Galán era vicepresidente y consejero delegado.

La instrucción ha ido acreditando indiciariamente otros encargos desde Iberdrola, que el comisario jubilado bautizó como Black Board, Gipsy, Posy y Wind, y tras subir escalones en los investigados se ha llegado a Sánchez Galán y otros tres directivos de Iberdrola: Francisco Martínez Córcoles, Fernando Becker y Rafael Orbegozo.

A pesar de su imputación, Sánchez Galán, seguirá al frente de Iberdrola tal y como ha confirmado la compañía a infoLibre.«El momento en que se tendría que poner en cuestión la idoneidad» del cargo de Sánchez Galán sería «con la apertura de un proceso judicial», ha señalado la energética agarrándose al código ético de la compañía para no cuestionar la continuidad de su presidente.

El código ético de la energética no aclara qué pasa ante la imputación de un ejecutivo de la compañía. «Es obligación de todos los profesionales del Grupo informar a la Unidad de Cumplimiento o a la dirección de cumplimiento competente, que a su vez informará a la Unidad de Cumplimiento, acerca de la incoación, evolución y resultado de todo procedimiento judicial, penal o administrativo, o de cualquier otra índole, de carácter sancionador que se incoe contra el profesional o de los que sea parte imputada, investigada, inculpada o acusada y pueda afectarle en el ejercicio de sus funciones como profesional del Grupo o perjudicar la imagen, la reputación o los intereses del Grupo».»En tal circunstancia, la Unidad de Cumplimiento o la dirección de cumplimiento competente, actuará conforme al protocolo que se apruebe al efecto».

A las preguntas de infoLibre a la multinacional energética sobre ese protocolo, las fuentes oficiales de la compañía han asegurado que, tras consultar con el departamento jurídico, para que se produzca tal cuestionamiento tiene que abrirse un «auto de acusación».

Tras conocerse la decisión de la Audiencia Nacional de imputar de Sánchez Galán, las acciones de Iberdrola han registrado este miércoles una caída en Bolsa del 3,56%
En línea con la Fiscalía Anticorrupción, el juez Manuel García Castellón considera que los cuatro imputados pudieron participar en la contratación de los servicios del comisario cuando aún estaba en activo en el Cuerpo Nacional de Policía, que se habrían manipulado las facturas correspondientes a esos servicios y que se habría tenido acceso a datos reservados de las personas sometidas a investigación. Entre las personas presuntamente espiadas se encuentran desde el presidente de ACS, Florentino Pérez, al expresidente de Endesa Manuel Pizarro.

 

Suscríbete al boletín gratuito de Contrainformación y únete a los otros 1.388 suscriptores.

close

Suscríbete al boletín gratuito de Contrainformación y únete a los otros 1.388 suscriptores.

DEJA UNA RESPUESTA