Los contribuyentes que lo desean, marcan la equis de la Iglesia en la declaración de la renta y, con ello, declaran su voluntad de que se aporte el 0,7% de la recaudación a la financiación de la institución eclesiástica. Sin embargo, todos los contribuyentes, todos, independientemente de sus creencias, aportan dinero a su financiación.

Lo que va a la Iglesia se detrae, en una cantidad establecida en función el número de equis marcadas en total, de la masa total recaudada por Hacienda. Es dinero público  aunque se establezca en función de lo que decidan los fieles. El contribuyente que pone la cruz no aporta más de su bolsillo. Su gesto determina que vaya a la Iglesia dinero que no irá a otras partidas.

Esto contribuye de manera exponencial e injusta a los ingresos de los que dispone la Iglesia católica. Según indica Europa Laica en su análisis sobre la última Memoria de Actividades de la Iglesia, las diócesis españolas tuvieron en 2016, 2017 y 2018 unos ingresos de casi mil millones de euros cada periodo, con gastos cercanos a estos ingresos.

Según el documento, las últimas tres memorias (2016, 2017 y 2018 arrojan unas ganancias netas de 55,7 millones de euros en esos tres ejercicios a los que hay que añadir otros 39 de la gestión de la asignación tributaria por el episcopado: 94,7 de euros de beneficio limpio.

Algo menos de la cuarta parte de esos fondos (24%) procedía de la asignación tributaria del Estado, es decir, la ‘X’ en la casilla confesional del IRPF que, como explicamos, pagamos todos en realidad. Algo más de un tercio (36%) les llega vía donativos y el resto (40%) de su actividad comercial, económica y financiera.