La Iglesia aboga porque sus creyentes especifiquen “explícitamente” en su testamento vital “que no se les practique la eutanasia”, ya que, a juicio de la Conferencia Episcopal Española (CEE) la eutanasia es “un homicidio”.
El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha declarado en una entrevista concedida a Europa Press que: «Animaremos desde la práctica pastoral a que en el testamento vital se diga explícitamente que uno no quiere que se le practique la eutanasia, que quiere recibir cuidados paliativos y que tampoco quiere ensañamiento terapéutico».
Además, Argüello ha explicado que instarán a los ciudadanos a “la objeción de conciencia”, tanto a los enfermos como al personal sanitario, al tratarse de una posibilidad prevista por la ley.
El también obispo auxiliar de Valladolid, ha dicho que la ley de eutanasia ha sido una noticia “triste” para los prelados porque, para ellos, supone traspasar “una línea roja” y “violar una convicción básica de la civilización occidental”.
Argüello ha criticado también que “muchos diputados” hayan celebrado la aprobación de la ley en el Pleno del Congreso “como un hito, como una fiesta casi, cuando son realidades dramáticas” y ha reprochado al Gobierno que no haya desarrollado antes otras cuestiones como “la ley de dependencia, facilitar la conciliación laboral o los cuidados paliativos”.
«Sin resolver ninguna de estas cuestiones, ha considerado prioritario, como timbre de orgullo y de haber cumplido una misión histórica, aprobar esta vía de solución de los problemas. Nosotros estamos a favor de la buena muerte, pero pensamos que la buena muerte nunca es una muerte provocada, un homicidio, en definitiva», ha señalado Argüello.
En relación a las garantías que incluye la ley, el obispo ha precisado que no se trata de que “sea suficiente o insuficiente” que la persona tenga que solicitar hasta en cuatro ocasiones la eutanasia. A su juicio, aunque «se habla de libertad y autonomía», se corre el riesgo de que ésta la pida por “presión del sistema social, sanitario o familiar”.
Según el obispo auxiliar de Valladolid, en las sociedades actuales “ha ido creciendo” la conciencia de que la eutanasia es “un acto compasivo” y lo ha achacado a “la influencia durante los últimos años de la manera de presentarla a través del cine, de la televisión y las series”.
Tal y como ha dicho, la Iglesia podría apoyar «como ciudadanos» algún recurso de inconstitucionalidad contra la ley, aunque ha precisado que eso no quiere decir firmar un recurso porque para poder hacerlo hay que estar legitimado para ello.
«Si siguiendo las pautas democráticas se ha llegado a aprobar esta ley, han de utilizarse los mecanismos que la propia democracia nos ofrece, pero es un asunto más de fondo, no solo de procedimientos para legislar y anular lo legislado», ha señalado.
La ignorada Iglesia
Por otra parte, el portavoz de los obispos ha asegurado que se sienten ignorados por el Gobierno, al no recibir contestación a su propuesta recogida por el Ministerio de Educación sobre incluir la Religión en un área de valores.
En cualquier caso, la Iglesia seguirá insistiendo para que en el desarrollo legislativo de la ley y en su aplicación en las comunidades autónomas, la ley «pueda mejorar lo máximo posible».
Los obispos consideran que la llamada ley Celaá es «una oportunidad perdida». «La escuela concertada siempre ha tenido el deseo de atender y acoger a cuantos más alumnos mejor, por eso es importante una financiación pública y que la escuela sea gratuita, porque la aportación que se hace a la concertada no cubre los gastos, si se hubiese abordado eso que se reconoce, las posibilidades de acuerdo hubieran sido muy altas», ha afirmado.
Según Argüello, el objetivo del Gobierno era «asegurar que la ley quede aprobada cuanto antes», algo que se ha reflejado en el hecho de que «no se ha querido aprobar ninguna de las enmiendas presentadas en el Senado».
