El Tribunal Supremo ha dado la razón a los colegios Nuestra Señora del Pilar y los Hermanos de las Escuelas Cristianas La Salle en la ampliación de sus conciertos escolares denegados por la Generalitat Valenciana.
La Conselleria de Educación denegó las solicitudes de renovación de dichos conciertos hasta 2020-2021 ya que la comunidad podía cubrir estas necesidades con la red pública.
Dos sentencias del Supremo de 14 de octubre han tumbado la decisión de la Generalitat de no renovar conciertos a sendos centros católicos. Los fallos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo niegan a la Comunitat Valenciana la potestad para la revocación de conciertos a estos centros a pesar de tratarse de unidades en enseñanzas no obligatorias y a pesar de que se pueden cubrir las plazas con la red pública.
La Conselleria de Educación de la Comunitat Valenciana ha lamentado que la decisión del Supremo “blinda las unidades educativas en régimen de concierto educativo en etapa postobligatoria en detrimento de las unidades ofertadas por los institutos públicos”.
Además ha denunciado que las sentencias suponen “una grave intromisión en las competencias autonómicas” e “hipotecan de por vida a la administración con contratos suscritos con el sector privado”.
Los fallos suponen una nueva victoria judicial de la concertada y de la Iglesia, que según datos de la última memoria de la Conferencia Episcopal, suma más de 1,5 millones de alumnos en 2.586 centros en enseñanzas no universitarias, de los que 2.455 reciben fondos públicos.
A juicio de Educación, las sentencias del Supremo lo que hacen es obligar a prorrogar el concierto educativo agotado «a pesar de que, por natalidad y escolarización, estas unidades no eran necesarias”, y considera que estos fallos “blindan in eternum los conciertos” sean necesarios o no.
Y añade que: «Al taponar la posibilidad de sacar un nuevo proceso de adjudicación, imposibilita la libre competencia a otras empresas educativas”.
Con su sentencia, el Supremo equipara así los conciertos singulares a los ordinarios y la actual administración queda atada a los compromisos adquiridos por el Govern en la etapa del PP no sólo con los conciertos en etapas obligatorias sino también en las no obligatorias.
La Abogacía de la Generalitat está estudiando las sentencias y el Govern no descarta llevarlas a otros estamentos judiciales.
Por su parte, Compromís ha anunciado que trasladará el debate al Congreso para que la normativa estatal reconozca la subsidiaridad de la concertada frente a la pública.
