El informe preliminar de la autopsia de Ilyas T, el chico de 18 años que murió el 1 de julio en el centro de menores de Tierras de Oria (Almería) tras recibir un “protocolo de contención” con “seis guardias jurados para contener” al joven, “no descarta la compresión abdominal o la sofocación con almohada/colchón en esta muerte”.
“Se trata de un chico de 18 años de origen marroquí que se encuentra internado en el centro de menores de Oria. Está diagnosticado de TDHA (Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad), consumo de sustancias y trastorno de Adaptación ansioso-depresivo”, así describía a Ilyas un informe al que tuvo acceso EL PAÍS.
Llama la atención que la asociación que lo gestiona, Ginso, cuente con una larga trayectoria de incidentes y escándalos, incluso con otra muerte similar en Madrid, en 2011, y el centro tardó diez horas en comunicar a los padres el fallecimiento.
Ilyas T provenía de Cádiz, cuyo juzgado de menores dictaminó su ingreso en ese centro. Según el relato trasladado por el padre de uno de sus compañeros, “la discusión comenzó porque se estaba haciendo un tatuaje en un brazo” de manera rudimentaria. Al llamarle la atención reaccionó, supuestamente, de manera violenta y le fue aplicado el “protocolo de contención”.
La autopsia, aparte de señalar “signos asfixiaicos generales muy evidentes con livideces extensas de color azul oscuro”, refleja: “Presencia de múltiples heridas cortantes cicatrizadas autoproducidas en dorso de brazo y antebrazo izquierdo”, lo que coincidiría con ese relato de los hechos que precedieron a la muerte.
El protocolo de contención dejó al chico atado de pies y manos sobre su cama, boca abajo, con los brazos y piernas en cruz y con un cinturón abdominal y otro a modo de bandolera, queda grabada en un vídeo porque hay una cámara sin sonido en su habitación. El informe es claro en este aspecto:
“Se le ve en prono, con la cabeza apoyada en almohada y colchón y se le ejerce presión con una rodilla en la escápula izquierda y con una mano en la espalda, aparte de sujetarle la cabeza (da la impresión que está aprisionada contra la almohada y el colchón). Para colocarle las bridas se sientan en las extremidades inferiores y le hacen presión sobre zona lumbar; a los 10 minutos de este proceso, cuando está sujeto de pies y manos, deja de moverse y continúan poniéndole el cinturón abdominal, ya sin resistencia y sin percatarse de que le chico ha perdido la conciencia (se van quitando de encima poco a poco porque ya no hace fuerza)”. A los 15 minutos, al ver que seguía inmóvil, llamaron al médico: “Después de pensárselo un poco, [el médico] se acerca y llama al chico, que no responde, le toma los pulsos y comienza RCP (reanimación cardiopulmonar)”, explica el informe.
En los días sucesivos a la muerte de Ilyas, la Junta de Andalucía aludió a un posible infarto. La explicación aportada por el vicepresidente autonómico, Juan Marín, aludía a un proceso de convulsiones que, tras los intentos del personal por auxiliarle, desembocó en una parada cardiorrespiratoria.
Ginso, la asociación que gestiona este y otros centros de menores, remiten desde hace más de una semana cualquier explicación a la Junta de Andalucía. Ambos fueron condecorados en 2015 con la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco de la Policía Nacional “por su valiosa colaboración en la seguridad ciudadana”.
GINSO, un foco de lavado de dinero
GINSO ha sido supuestamente como “tapadera para el traspaso de fondos públicos a la financiación irregular del PP“. Granados, supuesto cabecilla de la Púnica, aportó en marzo al juez facturas de unos estudios sobre delincuencia juvenil encargados a una empresa vinculada a Álvaro Renedo que nunca se entregaron e incluye a GINSO dentro de una “estructura corrupta mayor” de empresas que aparecen en Púnica, Pujol o Lezo. Estos hechos fueron denunciados por Podemos en la Fiscalía Anticorrupción.
Según la formación morada, la asociación opera tanto en Madrid como en Andalucía y, en ambos casos, la construcción de los centros y la gestión han recaído sobre el empresario Alfredo Santos García. Este empresario recibía 157 millones de euros para la construcción con empresas suyas o de sus socios, recayendo sobre él también la gestión de los mismos durante 15 años (hasta 2021).
