En un paso trascendental hacia una transformación laboral en España, el Comité Europeo de Derechos Sociales (ECSR) del Consejo de Europa está a punto de tomar una decisión que podría alterar significativamente el panorama de las indemnizaciones por despido improcedente en el país.
En respuesta a las demandas presentadas por los sindicatos más grandes de España, CCOO y UGT, el ECSR está evaluando la posibilidad de eliminar la tasación actual de las indemnizaciones por despido, un movimiento que, según fuentes citadas por El Economista, beneficiaría directamente a los trabajadores.
Según lo revelado durante la jornada de Retos Laborales del nuevo curso académico, organizada por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y Labormatters Abogados, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Ignacio Moreno González-Aller, compartió esta significativa noticia.
Moreno señaló que el Comité Europeo ha dictaminado previamente, en casos similares en Francia, Italia y Finlandia, que la tasación de las normativas nacionales, incluyendo la española, no se ajusta a la Carta Social Europea.
Esta decisión podría tener un impacto crucial en cómo se establecen las indemnizaciones por despido en España, ya que implicaría que estas no estarían limitadas por un monto predefinido.
El enfoque propuesto por los sindicatos CCOO y UGT es considerar una serie de factores que reflejen la vulnerabilidad del trabajador al ser despedido. Esto incluiría examinar las circunstancias personales y familiares del empleado, especialmente si pertenece a grupos vulnerables.
La idea detrás de este enfoque es que los trabajadores con situaciones personales y familiares más complejas tendrían mayores dificultades para reintegrarse al mercado laboral y, por lo tanto, merecerían una indemnización más sustancial.
Sin embargo, el magistrado Moreno ha abogado por la necesidad de establecer reglas claras y definidas de antemano para evitar que sean los jueces quienes determinen las cuantías de las indemnizaciones. La propuesta es evitar una amplia discreción judicial y, en su lugar, contar con normas específicas que guíen estas decisiones, lo que garantizaría una mayor coherencia y equidad en el proceso.
Este cambio potencial en la política de indemnizaciones por despido marca un hito en la relación entre los derechos laborales y las normativas europeas, y podría tener implicaciones profundas en el sistema laboral español.
La decisión final del Comité Europeo de Derechos Sociales, esperada para finales de 2024 o principios de 2025, será un momento clave que podría dar forma al futuro de las relaciones laborales en España y establecer un nuevo estándar para la protección de los derechos de los trabajadores.