La Audiencia Nacional imputa al comisario que dirigió la Policía con el PP por el espionaje a Bárcenas

La operación montada en 2013 por el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz para robar documentación comprometedora del PP a Bárcenas comienza a cobrarse sus primeras víctimas.

Manuel García Castellón, juez del caso Villarejo, ha imputado al comisario Eugenio Pino, máximo responsable operativo de la Policía con el Gobierno del Partido Popular, encargado de la brigada política. García Castellón se encargaba, según estima el juez, de misiones para perjudicar a la oposición política, principalmente al movimiento soberanista en Catalunya, con investigaciones prospectivas sin control judicial que derivaban en informes anónimos que medios afines publicaban coincidiendo con momentos álgidos del proceso y del informe sobre la falsa financiación ilegal de Podemos, entre muchos otros trabajos. Estos trabajos se hicieron con dinero destinado a la lucha antiterrorista y contra el crimen organizado.

La imputación de Pino se produce a petición de la Fiscalía Anticorrupción y será llamado a declarar en los próximos días en el marco de la pieza separada 7, la que investiga la Operación Kitchen, el pago de fondos reservados al entonces chófer de la familia Bárcenas. El conductor, hoy policía, Sergio Ríos Esgueva, fue llamado a declarar como imputado en diciembre, pero se acogió a su derecho a no hacerlo. El magistrado García-Castellón también va a tomar declaración en breve al propio Villarejo, en prisión provisional, y al comisario Enrique García Castaño, ambos responsables de la captación y el control de Ríos Esgueva cuando trabajaba en casa de los Bárcenas, han precisado las mismas fuentes.

La lista de mandos policiales investigados no acaba aquí, ya que declarará en la Audiencia Nacional el reciente comisario Andrés Gómez Gordo, el agente que conocía al chófer de Bárcenas y presuntamente contactó con él para encargarle el trabajo y, junto a Villarejo, la conexión del caso con la entonces secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro.

Tres personas con más poder que Pino pero con, al menos, igual responsabilidad en estos trabajos, están aforados al ser parlamentarios en la actualidad, por lo que no pueden ser investigados por la Audiencia Nacional: el director general del Cuerpo, Ignacio Cosidó; el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el titular de la cartera, Jorge Fernández Díaz.

Deja un comentario