El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha imputado al comisionado del Gobierno de Madrid para la Atención a las Víctimas del Terrorismo, Ignacio García de Vinuesa, así como a otros cuatro exalcaldes y varios concejales del PP por los trabajos de reputación ‘online’ que se investigan en el marco del caso ‘Púnica’.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha dictado un auto, con fecha del pasado 3 de noviembre, en el que acepta la petición de la Fiscalía Anticorrupción de llamar a declarar en calidad de investigados a Vinuesa, por su etapa como alcalde de Alcobendas; a Ana María Kringe (Denia), Juan Alfonso Bataller (Castellón), Raúl López Vaquero (Coslada) y Narciso de Foxá (Majadahonda) por el pago con fondos públicos de los trabajos que habría realizado para ellos las empresas de Alejandro de Pedro.

Los servicios realmente prestados –señala la resolución judicial– se camuflaron con facturas cuyo concepto impedía conocer con exactitud el trabajo desarrollado. Y se fraccionaron para que pudieran ser adjudicados como contratos menores y evitar así la convocatoria de una licitación pública.

En este sentido, el juez también cita a declarar como investigados en la pieza 10 del caso ‘Púnica’ a concejales y trabajadores de estos consistorios por su participación en la contratación de Eico y Madiva para que mejorara la reputación de los entonces alcaldes a través de diarios digitales creados ‘ad hoc’, blogs, gestión de redes sociales o campañas de publicidad.

Basándose en el informe de la Fiscalía Anticorrupción, el juez considera que García de Vinuesa pudo incurrir en los delitos de fraude, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsificación de documento mercantil y prevaricación.

El dinero salió del Patronato Sociocultural de Alcobendas, tal y como señala el auto. «Hasta el año 2014, este organismo municipal vino atendiendo facturas que presentaban los trabajadores del investigado Alejandro de Pedro, bien a nombre de EICO o bien a nombre de Madiva, con conceptos imprecisos y sin concreción del trabajo concretado, encubriendo indiciariamente el pago de los servicios de reputación personal del alcalde». Las facturas presentadas por EICO «recogían conceptos tales como ‘soporte mantenimiento y asesoramiento técnico, sin referencia concreta al trabajo realizado o el
servicio prestado, o ‘informe de posicionamiento de los diferentes canales en redes sociales creados por el Ayuntamiento de Alcobendas’, sin reseña de dichos canales o redes sociales creadas», señala García Castellón.