Los implicados en los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht aseguró haber pagado en la República Dominicana concluyeron este viernes la presentación de su defensa durante una audiencia que fue aplazada hasta el próximo 22 de abril, cuando volverá a tomar un turno el Ministerio Público.

La audiencia inició hace dos meses con la presentación de la acusación por parte del Ministerio Público y, posteriormente, cada uno de los imputados tuvo cinco días para exponer su defensa.

El expresidente del Senado Andrés Bautista, quien pertenece al Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición) y que fue el primero de los imputados en exponer su defensa, tomó hoy nuevamente un turno, en el que reiteró su inocencia y acusó al Ministerio Público de ocasionarle un daño “inconmensurable”.

Al salir de la audiencia, Bautista dijo a la prensa que el expediente en su contra “es una maraña que trata única y exclusivamente de dañar” y que en el mismo “no hay un sola prueba” que pueda vincularle “a acto ilícito”.

Por su lado, la procuradora Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Laura Guerrero Pelletier, dijo que el Ministerio Público “ha presentado todas sus pruebas acorde a los mecanismos legales establecidos” y confió en que el caso sea enviado a juicio de fondo.

El caso está a cargo del juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Francisco Ortega Polanco, quien programó una audiencia el 22 de abril para escuchar la réplica del Ministerio Público contra la defensa de los imputados.

El pasado 5 de febrero, el Ministerio Público solicitó enviar a juicio a los siete implicados en la trama de sobornos de Odebrecht en el país, tras culminar la etapa de presentación de pruebas.

Además de Bautista, por el caso están imputados el senador Tommy Galán, del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y los exsenadores Roberto Rodríguez y Jesús Vásquez, del PRM.

Asimismo, el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, miembro del PLD, su supuesto testaferro, Conrado Pittaluga, y el empresario Ángel Rondón, a quien se atribuye el reparto de los 92 millones de dólares que Odebrecht confesó haber pagado en el país como sobornos para que le fueran concedidos contratos de infraestructuras públicas entre 2001 y 2014.

El grupo es acusado de soborno, asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, delitos que los imputados niegan.

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