La Audiencia Provincial de Madrid acaba de obligar al juzgado de instrucción 49 a que investigue la querella interpuesta por el inspector Rubén López, encargado de la investigación del caso del pequeño Nicolás como jefe del grupo IX de la Unidad de Asuntos Internos, y en la que se solicitan diligencias contra toda la cúpula policial del PP.

Eugenio Pino y Florentino Villabona, ex directores adjuntos operativos (DAO) de la Policía, tendrán que rendir cuentas por organización criminal, acosar a los investigadores y echar abajo todas las investigaciones que conducían a los negocios ilícitos de Villarejo y que ahora se investigan en la Audiencia Nacional dentro de la causa Tándem.

Eduardo Inda y otros periodistas relacionados con las denominadas cloacas del Estado serán investigados, junto a la cúpula policial del Gobierno del PP de Mariano Rajoy, por su vinculación con el comisario de Policía jubilado José Manuel Villarejo, actualmente en prisión preventiva. Y es que la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al Juzgado de Instrucción nº 49 de la madrileña Plaza de Castilla que investigue tanto a esos periodistas como a los altos cargos policiales del Gobierno de Rajoy –encuadrados en el Ministerio del Interior que dirigieron primero Jorge Fernández Díaz y después Juan Ignacio Zoido– por su vinculación con Villarejo.

La Audiencia Provincial de Madrid justifica esta investigación señalando que «no puede entenderse justificado en ningún caso que no se haya dado traslado de la querella a los querellados, pues no parece razonable que, bajo la alegación de concretar los hechos, hayan transcurrido más de dos años desde que se dictó por este Tribunal el auto por el que se acordaba admitir a trámite la querella en los términos que se indicaban en el auto 61/2019 «, por lo que ordena que «debe darse traslado a querellados y recibírseles declaración».

Inda

Inda, entre un grupo de periodistas investigados

Entre las personas vinculadas al periodismo que van a ser investigadas están Eduardo Inda, director de la web OKdiario, su redactor Alejandro Entrambansaguas, y Sandra Fernández, directora de Comunicación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, según ha podido saber Público.

Los delitos por los que son investigados este grupo de periodistas son múltiples y no son los mismos para todos, pero van desde la obstrucción a la justicia, represalias, acusación y denuncias falsas, acoso, delitos contra la integridad moral, coacciones, injurias, organización criminal, falsedad en documento oficial, revelación de secretos y prevaricación.