Más País-Equo, Compromís y los partidos independentistas del Congreso han pedido que la Cámara cree una comisión de investigación relativa a la «neutralidad política» en el desempeño de la función de enjuiciamiento de la responsabilidad contable por parte del Tribunal de Cuentas, es decir, de la sección del fiscalizador encargada de las investigaciones abiertas contra ex altos cargos de la Generalitat catalana por la consulta independentista de 2014 o el conocido como ‘Diplocat’.

La iniciativa, que lleva la firma de ERC, Junts, el PDeCAT, el BNG, la CUP y Bildu, además de la de los partidos ya citados, busca que la Cámara abra pesquisas sobre «las preguntas irregularidades cometidas» por este órgano en su función de enjuiciamiento de la responsabilidad contable.

Así, demandan que se aclaren las «conexiones y vinculaciones personales de los consejeros y su incidencia sobre el principio de independencia», así como la «naturaleza política de las acusaciones» que, a su parecer, se han dirigido contra los independentistas catalanes.

En definitiva, buscan que el Congreso determine si el Tribunal tiene «legitimidad» y «competencia» para llevar a cabo estos procedimientos por responsabilidad contable y con qué «límites» debe desarrollar su función jurisdiccional.

Independentistas y Más País reclaman que el Congreso investigue la «neutralidad política» del Tribunal de Cuentas
Independentistas y Más País reclaman que el Congreso investigue la «neutralidad política» del Tribunal de Cuentas

SÓLO ACTÚAN CONTRA EL INDEPENDENTISMO

En la exposición de motivos de la iniciativa, recogida por Europa Press, estos ocho partidos denuncian que, pese a que el Tribunal de Cuentas constata «irregularidades» de variada índole en sus distintas fiscalizaciones, después no exige «responsabilidad» por ellas, y se limita a «recomendar mayor diligencia en materia de planificación, contratación, seguimiento o control» por parte de las entidades que analiza.

Para los firmantes de la petición, «esta situación contrasta» con la actuación llevada a cabo por el órgano que preside María José de la Fuente en relación con los procesos judiciales y causas policiales contra el independentismo catalán.

En este contexto, recuerdan que hasta ahora ya se han abonado más de 15 millones de euros en concepto de fianzas -«algunas de ellas duplicadas», según apuntan- en el marco de procedimientos derivados de la consulta del 9 de noviembre de 2014 y el referéndum ilegal de octubre 2017.

SESGO IDEOLÓGICO

«El sesgo ideológico que se desprende de este patrón de comportamiento es del todo incompatible con los principios propios de un Estado de Derecho como el de imparcialidad», argumentan.

A la vez inciden en que el hecho de que éste no sea un auténtico órgano jurisdiccional no «le habilita a quebrantar la neutralidad política que se le exige a cualquier instancia depuradora de responsabilidades», máxime teniendo en cuenta que el enjuiciamiento de la responsabilidad contable que realiza «tiene una dimensión política incuestionable pues se proyecta sobre la gestión de los fondos públicos».

Teniendo en cuenta todas estas denuncias, estas formaciones piden que el Congreso investiguen las «causas de abstención de los consejeros que concurrían en los procesos contra el independentismo catalán y no fueron planteadas, en «infracción», a su juicio, del principio de imparcialidad».

Otro de los puntos que quieren que se esclarezca es si dichos procedimientos se están ejecutando con todas las «garantías procesales» previstas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Los firmantes denuncian las «naturaleza confiscatoria y disuasoria» de las fianzas exigidas a los cargos independentistas y plantean que la Cámara se pronuncie sobre ello, así como acerca de la «incidencia» de la actuación del tribunal sobre el ejercicio de la libertad de expresión, la libertad ideológica y el pluralismo político.

Pero los impulsores de la investigación no se refieren sólo a los procedimientos contra los independentistas y piden que la Cámara investigue sobre «la autoría material de todas las operaciones irregulares» que, a su juicio, «no han sido debidamente enjuiciadas», la «responsabilidad» en la que se ha incurrido por ello y «los perjuicios causados a las arcas públicas» por esa falta de enjuiciamiento.

Los promotores de la iniciativa citan también como objeto de la investigación que quieren que se abra la política de contratación del personal del Tribunal de Cuentas y su compatibilidad con el principio de independencia e imparcialidad.

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