Un grupo de mujeres indígenas achí de Guatemala, victimas de violencia sexual en la guerra que azotó al país centroamericano entre 1960 y 1996, denunció este viernes el acto de «impunidad» que a su juicio realizó una jueza al dejar en libertad por este delito a seis exparamilitares en el marco de la causa conocida como Creompaz.

Los argumentos vertidos por la jueza del juzgado A de Mayor Riesgo Marta Claudette Domínguez Guerrero «a favor de la impunidad con la que beneficia a militares sindicados de graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno» confirman «su parcialidad en estos casos», aseguró en un comunicado el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALD), querellante adhesivo en el proceso.

Las víctimas sobrevivientes de violencia sexual identificaron a los sindicados y a pesar de ello la jueza declaró «el sobreseimiento de tres de ellos y la clausura provisional de los otros tres», agrega el documento.

«De nuevo la jueza se escudó en el secreto militar para no observar documentos militares presentados por el Ministerio Público», por lo que la entidad expresó su «solidaridad» con las mujeres Achí que «valientemente» rompieron el silencio para buscar justicia y exhortó al pueblo de Guatemala, a la comunidad internacional y a las autoridades competentes a «denunciar estos hechos de impunidad».

Las víctimas presentaron el año pasado una acción de amparo porque, en su opinión, en la audiencia de apertura a juicio, celebrada el 7 de junio de 2016, la jueza Domínguez, además de dictar clausuras provisionales y sobreseimientos, «omitió o no se pronunció» respecto a los hechos de violencia sexual, «tergiversando los hechos» y «dejando fuera del caso el 80 % de las víctimas que exigen justicia por sus familiares que sufrieron violencia sexual».

Por esta causa hay un exdiputado prófugo y ocho militares retirados fueron enviados a juicio oral y público en julio de 2016 por el Juzgado A de Mayor Riesgo por los delitos de desaparición forzada y deberes contra la humanidad.

El caso es conocido como «Creompaz», ya que en la antigua zona militar 21 -donde fueron encontradas varias víctimas-, funciona ahora el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz), en el departamento norteño de Alta Verapaz.

Este lugar, según las denuncias, «fue utilizado como centro clandestino de detenciones ilegales, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y violaciones» durante el conflicto armado.

El inicio de este juicio no se ha producido por dos amparos que están pendientes de resolución y que están deteniendo continuar con las audiencias para el ofrecimiento de prueba.

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