Indígenas argentinos urgen a CorteIDH titulación de territorio ancestral

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Indígenas argentinos de la Asociación Lhaka Honhat expresaron este jueves ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) la urgencia de que el Estado le otorgue un título sobre su territorio ancestral, ante la ocupación de personas externas y actividades que dañan el ambiente.

En una audiencia pública por este caso efectuada en la sede de la CorteIDH en Costa Rica, los jueces escucharon los testimonios de Francisco Pérez y Rogelio Segundo, miembros de estas comunidades indígenas situadas en Rivadavia, provincia de Salta.

Pérez dijo que el modo de vida (caza, pesca, recolección y agricultura) de los indígenas está en riesgo ante la ocupación de sus tierras por los “criollos” (personas ajenas a los pueblos indígenas), así como por actividades como la ganadería y la deforestación.

“Los criollos nos traen un conflicto que tenemos que ver como pararlo. La ganadería consume los frutos del monte y se comen nuestra comida. No tenemos respuesta positiva de parte del gobierno”, expresó Pérez.

Por su parte, Rogelio Segundo afirmó que el Gobierno ha incumplido acuerdos con las comunidades indígenas, incluido un decreto del año 2014 para la titulación del territorio y la salida de los “criollos” y de la ganadería del territorio indígena.

“El único pedido nuestro es que el Gobierno cumpla con los acuerdos que hizo con nosotros, que termine de hacer la demarcación y titule para el bienestar de todo el pueblo donde hay un poco más de 10.000 personas indígenas. Queremos que se nos devuelva lo que es nuestro”, manifestó.

Este caso se refiere a la supuesta violación del derecho a la propiedad en perjuicio de las comunidades indígenas de la Asociación Lhaka Honhat a raíz de la falta de acceso al título de propiedad comunitaria sobre su territorio ancestral de al menos 400.000 hectáreas.

Luis Ernesto Vargas, representante de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente encargado de presentar las demandas a la Corte, explicó en la audiencia que el Estado ha violado otros derechos a los indígenas como el de las garantías judiciales y al de ser consultados de manera previa, libre e informada sobre actividades o proyectos que les afectan.

Entre esas actividades se encuentra el desarrollo de obras públicas y concesiones para la exploración de hidrocarburos en el territorio ancestral.

Según la CIDH, los indígenas han venido reclamando la propiedad de sus tierras desde 1984 y la primera solicitud formal ante las autoridades la plantearon en 1991, pero hasta el momento el problema no ha sido resuelto.

Por su parte, la representación del Estado pidió a la CorteIDH que tenga en cuenta las “complejidades” para “armonizar los derechos de todos los colectivos involucrados”, que incluyen los indígenas de la Asociación Lhaka Honhat, las comunidades indígenas que no pertenecen a ese colectivo y los “criollos”.

Los agentes estatales afirmaron que Argentina ha venido desplegando en los últimos años los mayores esfuerzos para dar una solución al problema y que se estaban consiguiendo avances.

El representante estatal, Ramiro Obadía, dijo que la “extrema complejidad” del caso abarca también la “vasta extensión territorial” y el arraigo de los criollos por generaciones desde el siglo 19.

Obadía señaló que en noviembre de 2017 se formuló un “plan integral” y que persisten diferencias entre los indígenas, pues unas comunidades quieren un título único sobre los territorios, y otros prefieren dividir los títulos por cada comunidad.

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