El Gobierno prevé aprobar el ingreso mínimo vital del que podrán beneficiarse un millón de hogares y que supondrá un gasto de 3.000 millones de euros al año en la segunda quincena de mayo para poder empezar a realizar pagos desde inicios de junio.

Según el borrador que el Ministerio de Inclusión ha trasladado a las comunidades autónomas esta ayuda se determinará según la capacidad económica de los hogares más vulnerables y se situaría en los 462 euros en los hogares de un adulto que viva solo y podría llegar hasta los 1.015 euros en el caso de familias compuestas por dos adultos y dos niños.

También, a las familias monoparentales se les garantizaría una renta de entre 700 y 977 euros, dependiendo del número de hijos.

El Gobierno contempla también como unidad de convivencia aquella «en la que exista una persona que, habiendo sido víctima de violencia de género haya abandonado su domicilio habitual».

El ingreso mínimo vital incluirá medidas para reforzar el estímulo al empleo, en particular, existirá un complemento o un incentivo al ingreso mínimo vital para las unidades de convivencia donde uno o varios de los activos estén trabajando y perciban ingresos salariales o rendimientos de sus actividades por cuenta propia.

Este ingreso será compatible con algún tipo de empleo siempre que el sueldo no supere los 200 euros al mes y no se podrá cobrar el paro ya que con las dos ayudas alcanzaríamos los 950 euros, cantidad equiparable al salario mínimo interprofesional.

El principal requisito para solicitar esta ayuda es que los ingresos mensuales de la unidad familiar sean inferiores a la cuantía de ayuda que le correspondería. Así, los ciudadanos que vivan solos podrán acceder a esta ayuda si sus ingresos son menores de 200 euros al mes o si conviven con otra persona la renta conjunta del hogar está por debajo de los 450 euros mensuales.

Los beneficiarios deben ser mayores de 23 años, salvo que tengan al menos un hijo a cargo, y menores de 65 que estén buscando empleo, que residan en España, que hayan vivido al menos tres años de forma independiente, que tengan un año cotizado y que sean personas vulnerables.

Además deberán demostrar que han solicitado todas las ayudas, prestaciones y pensiones posibles de los diferentes niveles de la Administración, incluidas las de alimentos. 

La vulnerabilidad económica se acreditará con los ingresos y el patrimonio de las personas que vivan en el hogar. Se contarán las rentas del trabajo, las del capital mobiliario e inmobiliario, las procedentes de actividades económicas o las ganancias patrimoniales. No se tendrán en cuenta las ayudas de comunidades autónomas, las becas de estudio o ayudas para la vivienda.

Un hogar no se considerará en situación de vulnerabilidad en el caso de que cuente con un patrimonio por un volumen igual o superior a 100.000 euros, excluyendo el valor de la vivienda habitual.

Respecto a las vías por las que podrá solicitarse esta prestación el ministro de Inclusión y Seguridad Socia, José Luis Escrivá, indicó que además de los canales de la Seguridad Social se están explorando otros canales adicionales a través de otras administraciones para ser lo más eficaces con el pago de esta prestación.

Escrivá señaló también que la medida será permanente y que se mantendrá una vez se haya levantado el estado de alarma en territorio nacional por el coronavirus.

El propio ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, aseguró que el ingreso mínimo vital se cobrará «mensualmente» y «habrá un test sobre el patrimonio neto agregado» en el que se valorarán «todos los activos, menos las deudas y excluida la vivienda habitual».

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