Este martes el Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), el Real Decreto por el que se regula el “Bono Alquiler Joven” y el Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025.
En lo relativo al Bono Alquiler Joven, la ayuda se fija en 250 euros mensuales durante un plazo de 2 años para jóvenes de entre 18 y 35 años, siempre y cuando tengan una fuente regular de ingresos y los ingresos de la unidad de convivencia sean inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), lo que según la última revisión asciende a 24.319 euros.
Esta ayuda, que se concede a jóvenes que alquilen viviendas de hasta 600 euros al mes sin perjuicio de que en algunos supuestos acordados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Comunidad Autónoma correspondiente pueda ascender a los 900 euros/mes, tiene como objetivo “posibilitar el acceso de los jóvenes a la emancipación”.
En el caso de los alquileres de habitación, estos límites de precio serán de hasta 300 euros por habitación, una cantidad que podrá elevarse hasta los 450 euros si así lo establece la comisión de seguimiento.
Por el momento, se desconoce a partir de cuándo podrá pedirse el bono de alquiler, pero el propósito fijado por el Gobierno apunta a que su puesta en marcha podría producirse en marzo. Si se cumplen todos los requisitos y la ayuda es aceptada se cobrarán los meses anteriores con efecto retroactivo.
Sin embargo, el “Bono Alquiler Joven” no ha triunfado entre los socios de investidura, los sindicatos de inquilinos, el Consejo de la Juventud en España, la oposición ni algunos sectores del propio Ejecutivo, que consideran que esta medida debe pasar por el control de los precios de los alquileres porque sino puede ocasionar una inflación de los precios y que sean los propietarios de las viviendas los que se beneficien de esta prestación.
Margarita Guerrero Calderón, vicepresidenta del Consejo de la Juventud de España, ha explicado en declaraciones a El Plural que esta es una medida paliativa que no resuelve el problema estructural y que, además, puede provocar un aumento en el precio de los alquileres lo que supondría una transferencia de dinero público a los propietarios.
Asimismo, señala que esta ayuda alcanzará, en el mejor de los casos a unas 50.000 personas de los casi tres millones de personas entre 16 y 34 años que viven emancipadas hoy en día, es decir un 1,7%. Por ello, pide la regulación del precio del alquiler a corto plazo, movilizar la vivienda vacía para alquiler y aumentar el parque público de vivienda, que ahora mismo es uno de los más bajos de toda Europa.
El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y su homólogo en Cataluña, el Sindicat de Llogaters, consideran que la ayuda será una transferencia del Estado a los arrendadores. Ambos consideran que la solución es una regulación integral que limite los precios del alquiler de una forma ajustada a las necesidades poblacionales.
El líder de Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, ha dicho en declaraciones a El Plural: “Creemos sinceramente que estos 250 euros que irán a manos de los jóvenes solo servirán para que se produzca un alza generalizada de los precios de alquiler. No servirán, y nos gustaría equivocarnos, para que se regulen los precios del alquiler. Sin esta regulación, el acceso a la vivienda seguirá siendo una carrera de obstáculos para los jóvenes que quieren tener un proyecto de vida independiente”.
También se han manifestado a través de redes sociales el líder de Más País, Íñigo Errejón y el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. “Un bono joven de alquiler sin control de precios es un bizum a los caseros”, ha escrito Errejón.
Por su parte, Rufián ha preguntado: “¿Que impedirá a un arrendador subir 250€ el alquiler a un o a una joven que cobre el bono de 250€ de ayuda al alquiler? Respuesta: NADA. Anunciar algo así sin regular el precio del alquiler es como anunciar un sorteo a expensas de la buena voluntad del casero”.
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