El pasado jueves 29, desde la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias (IIPP) se dieron instrucciones verbales a las direcciones de los centros penitenciarios madrileños para que no se autorizase ningún permiso retribuido para ir a votar al personal que trabaje en jornada de mañana. Siguiendo dichas instrucciones, algunos directores reunieron al personal de oficinas para darles la orden verbal de no acudir a votar en las próximas elecciones de la Comunidad de Madrid, dejando así expedita la “vía disciplinaria” para todo aquel que decida ejercer un derecho fundamental durante su jornada laboral.

Hay que tener en cuenta la lejanía de la mayoría de centros penitenciarios respecto a los núcleos urbanos de población, como las prisiones de Estremera o de Soto del Real, y que el personal penitenciario no suele estar empadronado en la misma localidad donde está su centro de trabajo. Además Instituciones Penitenciarias olvida que hay que conciliar el derecho democrático al voto con las medidas sanitarias ya que continuamos viviendo una pandemia, y que la última hora de 19.00 a 20.00 está reservada para los enfermos por Covid-19.

Una vez más, las empleadas y empleados públicos penitenciarios se ven obligados a judicializar la vulneración de un derecho constitucional, una situación recurrente que siempre le sale gratis a la Administración. El sindicato ha mostrado su preocupación por la progresiva pérdida de derechos que están sufriendo en el medio penitenciario y el retroceso democrático que implican estas decisiones.

CCOO no comprende cómo desde la Subdirección General de Personal de un departamento de la Administración General del Estado se puede promover la obstaculización de un derecho fundamental de los ciudadanos y, por lo tanto, del personal penitenciario, vulnerando toda la legislación sobre el derecho al voto tanto de la Administración del Estado como la de la Comunidad de Madrid.

Esta actuación sobrepasa a los habituales recortes laborales que se promueven desde el departamento de personal de Instituciones Penitenciarias, se trata de un derecho fundamental, y son de una gravedad extrema, que debería de conllevar una responsabilidad de quienes hayan actuado contra los derechos fundamentales.

CCOO ha puesto en manos de sus servicios jurídicos estos hechos que podrían ser constitutivos de un presunto delito electoral.

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