domingo, septiembre 25, 2022
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El instructor del Supremo pide el suplicatorio al Congreso para proceder penalmente contra el diputado del PP Alberto Casero

El juez instructor le atribuye a Casero los delitos de prevaricación y malversación por los contratos que adjudicó en su etapa como alcalde de Trujillo

El magistrado del Tribunal Supremo, Andrés Palomo, ha elevado a la sala de lo penal del Tribunal Supremo el suplicatorio para que pida al Congreso de los Diputados permiso para proceder penalmente contra el diputado del PP, Alberto Casero Ávila, conocido por votar por error a favor de la reforma laboral del Gobierno, lo que permitió su aprobación definitiva.

En marzo de 2017 y diciembre de 2018, cuando Casero era alcalde de Trujillo (Cáceres) concertó con diferentes personas y entidades, contratos de servicio, patrocinio o convenios, «incumpliendo todo tipo de formalidad exigida al efecto por la normativa aplicable en cada caso», por lo que el juez entiende que Casero puede ser acusado de delitos de prevaricación y malversación.

Y añade que su manera de actuar en todos estos procesos de contratación como alcalde, «no solo supone reiteradas y admitidas irregularidades administrativas” sino que también suponía «elusión de los mecanismos de control», entre otras cosas.

El instructor del Supremo pide el suplicatorio al Congreso para proceder penalmente contra el diputado del PP Alberto Casero
El instructor del Supremo pide el suplicatorio al Congreso para proceder penalmente contra el diputado del PP Alberto Casero

Contratos

Los investigadores han puesto el foco, en total, en cinco contratos, convenios y facturas que costaron 94.000 euros de las arcas municipales sin informar al consistorio y sin informes ni expedientes de contratación.

Casero contrató a Pablo Bonilla el 3 de marzo de 2017 como psicólogo para asistir a mujeres víctimas de violencia de género, quien cobró por esos trabajos más de 6.000 euros a pesar de estar dado de baja de la Seguridad Social. El 29 de agosto de ese mismo año firmó también un contrato menor por valor de 18.000 euros anuales.

El 6 de septiembre de 2017, Casero firmó un convenio con la Cámara de Comercio de Perú por el que se comprometía a realizar una aportación económica de 25.000 euros para financiarlo sin informar a los servicios económicos ni jurídicos del Consistorio ni dar copia del convenio al interventor.

Además, se comprometió «verbalmente» en 2017 con la Asociación Cultural Bon Vivant para celebrar en Trujillo la gala Pop Eye a cambio del patrocinio institucional de 18.000 euros,  firmó un contrato en enero de 2018 a Icaro Consultores en Comunicación para organizar la Feria Internacional del Queso por un importe de 14.300 euros como contrato menor y un contrato con Radio Interior SL, en el marco de la feria internacional del queso, para promocionarla, por un importe superior a los 15.000 euros.

Casero investigado desde el pasado mes de marzo

El Supremo investiga al dirigente del PP desde el pasado mes de marzo, cuando el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Trujillo elevó una exposición razonada en la que se calificaban los hechos atribuidos al entonces alcalde como un presunto delito continuado de prevaricación administrativa. La Fiscalía, por su parte, entendió que había también indicios de un presunto delito de malversación.

Casero pidió al Supremo que archivara el procedimiento, pero la Fiscalía se opuso a dicha petición y ahora el juez ha confirmado su decisión de no dar por cerrado el caso y ha elevado el caso a la Sala Segunda.

Desde que se iniciaran las pesquisas en su contra, el dirigente del PP ha defendido que, aunque pudo haber problemas administrativos en los acuerdos y contratos que se investigan, no ha habido prevaricación alguna por su parte.

Su condición de aforado, al ser diputado del Congreso, implica que antes de poder procesarle y sentarle en el banquillo debe obtener el visto bueno de la cámara baja. Por eso el juez ha llevado su exposición razonada para que se envíe un suplicatorio al propio Congreso.

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