Por Xan Pereira @xanotolo


Una denuncia cursada por la Delegación de Gobierno de Madrid es la causa de que hoy se celebre un juicio contra Carlos, integrante del colectivo No Somos Delito, plataforma que lucha contra la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana y el Código Penal, la famosa Ley Mordaza.

Se le acusa de ser el organizador de la protesta ’20D, todos a la calle contra la Ley Mordaza’, celebrada el pasado 20 de diciembre de 2014. Se enfrenta a una multa de 700 euros.

Desde el colectivo afirman que Carlos participó de manera activa en el acto, tomando el micrófono varias ocasiones y colaborando con el resto de manifestantes. No somos delito realiza actos y protestas contra la Ley Mordaza frecuentemente, la comunicación oficial de las concentraciones a Delegación de Gobierno tiene como finalidad poner en conocimiento de esta que se va a celebrar una manifestación, de manera que pueda tomar las medidas oportunas.

No Somos Delito sostiene que la la comunicación ya se había realizado: fue trending topic estatal en Twitter durante 22 horas, además de ser publicada en múltiples medios de comunicación. Indican que la Delegación, de haber querido, podía haberse puesto en contacto con ellos y prohibir la convocatoria.

El colectivo No somos delito seguirá recurriendo la sanción impuesta por la Delegación del Gobierno en Madrid si el fallo es desfavorable. Entiende que la sanción económica a la que se enfrenta Carlos es desproporcionada ya que supera el salario mínimo interprofesional. Si la sentencia es desfavorable, seguirá apelando a tribunales superiores no solo para anular la multa, sino para intentar crear precedente.

La legislación europea y de Derechos Humanos indican que la manifestación y la protesta es un derecho fundamental, por lo que no tiene por qué ser comunicado. No se puede obstaculizar el ejercicio de este derecho fundamental por no haber realizado el trámite burocrático de haberlo informado.

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