El pasado 18 de septiembre se celebraba una manifestación neonazi en el barrio de Chueca contra el colectivo LGTBI. En la marcha, autorizada por la Delegación de Gobierno en Madrid, un grupo de manifestantes profirió consignas tales como: «Fuera sidosos de Madrid», «Fuera maricas de nuestros barrios», «¡No son españoles, son maricones!» o «¡Se va a acabar, se va a acabar el matrimonio homosexual!».
Algunos de los asistentes también portaban pancartas que no estaban relacionadas con ese asunto en los que exhibían lemas como: «En Madrid ni bandas latinas ni MENAS» o «Tú no eres español porque no eres blanco».
La Delegación de Gobierno de Madrid autorizó la manifestación bajo el lema ‘Di no a la agenda 2030/2050’ y a instancias de una petición realizada por dos individuos: el neonazi Alberto Ayala, «en representación de la Asociación de Vecinos San Blas-Canillejas», y un segundo individuo, como portavoz de la asociación de «vecinos de Pinar de Chamartín y Hortaleza», que mintieron sobre el motivo de la marcha.
Las sanciones decretadas para los organizadores, Asociación de Vecinos de San Blas-Canillejas y la Asociación de Vecinos del Pinar de Chamartín y Hortaleza, por el «engaño» al no ajustarse el objeto de la manifestación al escrito de la comunicación, ascendieron a 1.200 euros para cada uno.
Durante la marcha la Policía Nacional intervino cinco palos, tres bengalas y hasta un puño americano que portaban seis manifestantes identificados por los agentes y a los que la Delegación del Gobierno les decretó multas de 800 euros a cada uno de ellos.
Los agentes también alertaron sobre algunas de las enseñas identificadas en la marcha, como la «bandera rojigualda sin el escudo constitucional», «bandera negra con la cruz céltica» y el «escudo de Alcalá de Henares con la leyenda ‘Defiende Alcalá’», otro emblema «con el escudo de la División Azul» y una enseña del partido ultra España 2000.
En ese contexto, la Fiscalía de Madrid abrió diligencias en torno a este caso por la posible comisión de un delito de odio.
El Ejecutivo se aferra al «derecho de reunión pacífica»
A pesar de todo esto, en una respuesta parlamentaria enviada al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, el Ejecutivo vuelve a aferrarse al «derecho de reunión pacífica» para alegar que no había ningún elemento sobre la mesa que llevase a prohibir ese acto, en el que se lanzaron consignas homófobas.
El Gobierno señala en su respuesta, tal y como recoge Público, que: «La citada manifestación, en la que participaron en torno a 200 personas, se inició a las 17:00 en la Plaza de Chueca, de Madrid, y discurrió por la Calle Barbieri, la Calle de Augusto Figueroa, la Calle de San Bartolomé, la Plaza de Pedro Zerolo, la Calle del Clavel, la Calle Gran Vía, la Plaza de Callao, la Calle del Carmen y concluyó en la Puerta del Sol a las 19:00»
Además, Interior ha señalado en su respuesta a Jon Iñarritu que «no se produjo contacto alguno de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid con los convocantes» en los días previos a la manifestación.