A dos semanas de agotarse el periodo, ERC y JxCAT hicieron público el acuerdo de investidura. Días más tarde, Pere Aragonès ha sido investido como presidente de la Generalitat gracias a los 74 votos de ERC, JxCAT y la CUP.

El problema recae en que será un gobierno en circunstancias parecidas a la anterior legislatura, porque la disputa por la hegemonía en el campo independentista no está resuelta. La única diferencia es que la presidencia está ahora en manos de ERC y no de JxCAT y que el gobierno tiene la cobertura por la izquierda de la CUP.

Un gobierno autonomista…

La estrategia política de este pacto se basa en confiar, otra vez, el derecho a la autodeterminación en un diálogo “de gobierno a gobierno” con el Estado, reforzando la capacidad negociadora de la Generalitat.

A través de la negociación con el régimen, el objetivo declarado de Aragonés es conseguir pactar un referéndum de autodeterminación. La negociación estará acompañada de la preparación de un “embate democrático de confrontación cívica y pacífica”.

Se ratifica, pues, la renuncia expresa a la unilateralidad (también de la CUP). A pesar de los rifirrafes entre ERC y JxCAT, la orientación de ambas formaciones es la misma: ninguno de los dos quiere la ruptura con el Estado más allá de la confrontación verbal. La legislatura estará marcada, otra vez, por una gestión autonomista con grandes dosis de simbolismo y retórica independentista.

… Con un programa de espaldas a la clase trabajadora y el pueblo pobre

El acuerdo de investidura entre ERC y JxCAT hace caer las pocas propuestas acordadas entre ERC y la CUP que podían tener un cierto impacto social. El plan que presentan está supeditado a los Fondos Europeos que, lejos de solucionar los problemas actuales, son una soga en el cuello para la clase trabajadora y el pueblo pobre, y comportarán una oleada de ataques a los derechos laborales y sociales.

Además, este nuevo gobierno no asume ningún compromiso importante en relación con la vivienda, uno de los dramas sociales actuales. No se comprometen a trabajar para garantizar que no haya más desahucios ni mucho menos a garantizar el acceso en la vivienda, por lo que sería necesario expropiar los grandes tenedores y bajar el precio del alquiler. Además, la BRIMO seguirá interviniendo en los desahucios, como ha pasado un día después de la investidura en un piso del barrio del Poble-Sec. En ningún caso, el acuerdo plantea multar los cortes de suministro para garantizar los suministros básicos para toda la población.

Ningún plan que pretenda combatir la pandemia y reforzar la sanidad pública puede omitir el necesario aumento salarial a l@s trabajador@s de la sanidad y hacerles contratos fijos. Combatir la pandemia en favor de toda la población exigiría acabar con el negocio de la privada, expropiando todos los recursos sin ninguna indemnización. Esta es la única forma real de lograr, de forma inmediata, el 25% del presupuesto en sanidad al que se comprometen.

Así mismo, para hacer un “zarandeo social”, salvar puestos de trabajo y mejorar las condiciones laborales de la clase trabajadora catalana es imprescindible frenar la destrucción masiva de puestos de trabajo y parar la avalancha de despidos masivos que se están llevando a cabo, a través de ERES y cierres de empresas. No hay ninguna otra vía que no sea la nacionalización, como hacía falta en el caso de Nissan, para poder redistribuir el trabajo bajo control de l@s trabajador@s y con criterios de sostenibilidad e inserción de la juventud y los sectores más desfavorecidos socialmente.

Sobre el modelo de orden público ni se menciona ni se cuestiona la actuación de la BRIMO ni se comprometen a depurar responsabilidades por las brutalidades policiales cometidas. Lo único a lo que se comprometen es a estudiar la posible “democratización” de los cuerpos policiales, en abstracto.

Respecto a la educación pública, no se menciona la reducción de ratios, una de las principales demandas del sector educativo, cae el plan de recuperación de centros privados, la universidad pública seguirá teniendo precios desorbitados y no se concreta ningún plan contra el abandono escolar más allá de medidas abstractas o similares a las que teníamos hasta el momento.

En definitiva, es un acuerdo que no es digno de llamarse “plan de rescate” porque no atiende a las necesidades más urgentes y no cambiará sustancialmente la situación de l@s trabajador@s y el pueblo pobre. No hay una voluntad de combatir la crisis ni la pandemia, sino de gestionar las migajas todo lo bien que se pueda, siempre a las órdenes de la UE y supeditando la agenda legislativa a los tribunales de justicia sin concretar cómo piensan responder cuando el  TCJ tumbe leyes en materia social.

 

La CUP avala el fraude

La CUP sabe que JxCAT se desvinculó de su acuerdo con ERC y que el acuerdo de gobierno deja caer casi todos los puntos conflictivos acordados entre ERC y la CUP. Aun así, se hacen los despistados cuando saben que no se llevarán a cabo. Siguen exigiendo que su acuerdo con ERC se quede intacto, pero quedan en manos del ala más liberal del gobierno compromisos sociales que habían acordado, como la renta básica universal, puesto que JxCAT estará al frente del Departamento de Economía.

Después de haber firmado el acuerdo con ERC, la CUP se limita a ser la muleta por la izquierda del nuevo gobierno y a mediar entre ERC y JxCAT para que se entiendan. Con el apoyo explícito al gobierno, a pesar de las advertencias de que sus nueve votos “no son un cheque en blanco”, la CUP legitima el fraude de esta legislatura, tanto por el programa y estrategia como por el compromiso social.

Riera crea expectativas en ERC y JxCAT y reconoce que espera que “hayan tenido la madurez para cambiar” y que se tienen que crear escenarios para “rescatar el país”. Siguen denunciando el diálogo, pero dan el visto bueno a ERC con los dos años de la mesa de diálogo cuando saben que esa vía no llegará a ninguna parte.

Con esta postura no hacen otra cosa que dar cobertura al nuevo gobierno y mantener la lógica de emplazar, sin éxito, a la dirección oficial independentista, a que desobedezca y que haga políticas de ”izquierda”. Saben que el Estado nunca pactará un referéndum de autodeterminación ni una Ley de amnistía. Saben también que ERC y JxCAT no han cambiado su compromiso de respeto a la legalidad ni su estrategia y que no se puede delegar en ellos ninguna medida de rescate y cambio social.

La sumisión de los Comunes al PSC y a Sánchez

La frustración se dispara en las filas de los Comunes, que lo que hubieran querido es la fórmula del gobierno de coalición “a la catalana”, es decir, un gobierno de ERC y los Comunes apoyado por el PSC y por el gobierno de coalición del PSOE y UP.

Albiach ha sentenciado que ERC “ha perdido la oportunidad para que realmente haya un cambio de etapa en Cataluña”, pues sería necesario “un cambio de gobierno”, en vez de plegarse a los de siempre (JxCAT). Los Comunes querrían ser los representantes del gobierno de coalición de Madrid en Cataluña, para reconducir la situación política catalana e instaurar la normalidad autonómica.

Así mismo, Sánchez y su Gobierno mantienen la máxima que el gobierno de coalición entre ERC y JxCAT “abandone la vía de la independencia” que “no va a ninguna parte, únicamente a prisión”. Con esta especie de amenaza valoraba la ministra Montero el acuerdo entre ambas formaciones y ha expresado su confianza en que este gobierno “establezca un diálogo en condiciones reales”. Esto, en boca del PSOE-PSC, no quiere decir otra cosa que reiterar, una y otra vez, la negativa a dialogar de nada que no esté contemplado en la ley y la Constitución: nada de autodeterminación y nada de amnistía. La concesión de indultos parciales, que están muy lejos de la exigencia de la amnistía, la colocan como contrapartida para que el gobierno renuncie a cualquier vía autodeterminista.

¡Ninguna solidaridad política con el nuevo gobierno de Aragonés! No hay cambio sin lucha obrera

Está claro que el gobierno que nace de la coalición entre ERC y JxCAT, con Aragonés como Presidente, será un gobierno de gestión autonomista, contra l@s trabajador@s y los sectores más empobrecidos, con una política continuista en la gestión de la pandemia e incapaz de revertir los recortes a los servicios públicos y de enfrentarse al negocio de la salud y los privilegios de las grandes empresas y multinacionales.

Dada la situación actual, hay que dar masividad a la lucha por la amnistía, con plena conciencia que la lucha por la libertad nacional de Cataluña está asociada a la lucha para tumbar la Monarquía. En esta lucha habrá que tener en cuenta el papel protagonista de la juventud trabajadora y precaria, a la que se le niega sistemáticamente la posibilidad de construir un futuro digno.

A pesar de que Esquerra habla del diálogo y la CUP del embate democrático cívico y pacífico, la realidad es que la única solución será trabajar para preparar un nuevo levantamiento popular, capaz de garantizar la ruptura unilateral con el régimen monárquico, el derecho a decidir, la amnistía para l@s represaliad@s y un verdadero plan de rescate social sin atender a los dictados de la UE y la patronal. En esta lucha, nos encontraremos de espaldas a las cúpulas de las burocracias sindicales y a los partidos políticos “de izquierda” institucionales y del régimen. Habrá que hacerles frente con determinación política.

Corriente Roja

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