De nuevo PNV, ERC, Junts per Catalunya, Pdecat, Bildu, Más País, Compromis, BNG y la Cup han registrado una Comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades e ilegalidades cometidas por Juan Carlos I y que salpican a otros miembros de la Casa Real.
Aunque en la lista no está Unidas Podemos, también apoyan que la cámara baja investigue los escándalos relacionados con la Casa Real y, en particular, los negocios del rey emérito Juan Carlos I.
Estos grupos parlamentarios quieren que se investigue la existencia de estructuras opacas, las posibles cuentas irregulares de miembros de la Familia Real, el presunto blanqueo de capitales del exjefe del Estado, las posibles actividades de comisionista realizadas por Juan Carlos I así como los beneficiarios de sus actividades ilícitas o ilegales, tal y como recoge laSexta.
Esta nueva petición de comisión de investigación seguirá el mismo camino que las otras nueve presentadas, ya que una vez más PSOE, el PP y Vox unirán sus votos en la mesa del Congreso para tumbar las pretensiones de la izquierda parlamentaria y los grupos nacionalistas e independentistas. Los socialistas están absolutamente comprometidos con Felipe VI y con la salvaguarda de la monarquía y se niegan a que el Congreso sea el lugar en el que se desprestigie a la Casa Real.
La Mesa del Congreso también ha impedido de forma habitual comparecencias de miembros del Gobierno o de la Administración, así como la formulación de preguntas al Ejecutivo.
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Diez comisiones de investigación sobre Juan Carlos I tumbadas
Este mismo martes, la Mesa del Congreso rechazó con los votos de PSOE, PP y Vox varias preguntas al Gobierno planteadas por los diputados del Grupo Plural Miriam Nogueras (Junts) e Íñigo Errejón (Más País) para conocer qué saben la Fiscalía General del Estado o el Ministerio de Hacienda de las regularizaciones “espontáneas” del padre del rey.
También este grupo, junto a ERC y EH Bildu, solicitaron la comparecencia del director de la Agencia Tributaria para explicar las condiciones y circunstancias en las que se ha producido la declaración complementaria de Juan Carlos de Borbón.
Pero los letrados de la Cámara mostraron su disconformidad con las propuestas al considerar que el caso sobre las posibles pesquisas abiertas por la Fiscalía se trata de una materia ajena a la competencia del Gobierno. Además, alegan el artículo 95 de la Ley General Tributaria, sobre el carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria.
La ley, tal y como explica eldiario.es, solo contempla una salvedad al secreto fiscal aplicable en este caso: “La colaboración con las comisiones parlamentarias de investigación en el marco legalmente establecido”.
A los motivos anteriores los letrados suelen añadir que podría tratarse de materias a las que son de aplicación los artículos 56.3 (“La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”) y 65 (“El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma”) de la Constitución y, por tanto, no sometidas al control parlamentario de la Cámara.
Con ello dan a entender que el dinero para la regularización podría proceder de la época de reinado de Juan Carlos I o de la actual Casa Real, cuando los abogados del exmonarca han asegurado que son donaciones realizadas por amigos del rey emérito, lo que contraviene la normativa interna del Palacio de la Zarzuela, que establece que ni el propio jefe del Estado, ni su esposa, hijas y padres pueden aceptar “préstamos sin interés o con interés inferior al normal del mercado, ni regalos de dinero” y ha provocado la apertura de una nueva línea de investigación por parte de Hacienda.
El pasado martes, el secretario general del PSOE, Rafael Simancas, adelantó que en la próxima reunión de la Mesa los socialistas volverán a posicionarse en contra de la comisión de investigación solicitada por los grupos citados anteriormente.
Hasta ahora se han tumbado comisiones de investigación sobre las tarjetas opacas del rey emérito, sobre sus finanzas tras abdicar en 2014 y sobre la presunta entrega de 65 millones de euros por parte de Arabia Saudí al rey emérito. También se ha rechazado la creación de un registro de los bienes de la Casa Real.
La única petición que pasó el filtro de la Mesa del Congreso fue la investigación de si las empresas públicas españolas (Renfe, Ineco y Adif) adjudicatarias de la construcción del AVE a La Meca pagaron comisiones para lograr dicha adjudicación, y a quién fueron abonadas. La iniciativa fue firmada por Compromís, ERC, Jxcat, Bildu, CUP, BNG, Nueva Canarias y Más País, pero El PSOE unió sus votos de nuevo a los de PP, Vox y Ciudadanos para impedir siquiera el debate en el Pleno sobre su creación.
Este 2021, Unidas Podemos y otros seis grupos aliados para la investidura de Sánchez también realizaron una petición que contó con los informes favorables de los letrados, y que trataba sobre las tarjetas opacas utilizadas por Juan Carlos de Borbón, pero una vez más, el PSOE sumó sus votos a las derechas y tumbaron la solicitud sin siquiera llegar a la Junta de Portavoces.
