La Fiscalía de Perú abrió una investigación sobre un presunto grupo radical al interior del Partido Aprista Peruano (PAP) que amenaza a los testigos y fiscales que investigan las vinculaciones del fallecido expresidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011) en el caso Odebrecht.

La decisión fue anunciada este jueves por Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las Fiscalías Contra la Criminalidad Organizada, quien indicó al diario El Comercio que el caso está a cargo de la fiscal Nelly Millones.

Este martes, el fiscal José Domingo Pérez, que investiga los sobornos presuntamente entregados a García por la constructora brasileña Odebrecht, pidió indagar sobre un colectivo denominado «Fuerza de Choque» dentro del partido que lideraba el exgobernante.

«Es un grupo radical que estaría buscando atemorizar y amedrentar a quienes pueden declarar a favor del Ministerio Público», apuntó Pérez, antes de advertir que «no solo corre riesgo la integridad física y la vida de los investigados» que quieran colaborar con la Fiscalía, sino también la de los testigos del caso.

El magistrado hizo la advertencia a la salida de la audiencia judicial donde reveló que el exvicepresidente de Petroperú Miguel Atala, uno de los presuntos testaferros de García, confesó y relató la manera en que se tramitaron los sobornos para el exmandatario.

En su declaración, Atala resaltó que teme por su vida ante la existencia de esta «Fuerza de Choque» dentro del Partido Aprista, por lo que Pérez pidió que quede en arresto domiciliario durante 36 meses con custodia policial en lugar de en prisión preventiva.

Chávez Cotrina señaló, al respecto, que se «ha tomado nota del tema» y Millones «se está haciendo cargo de las primeras investigaciones preliminares para determinar si efectivamente esa versión del señor Atala es cierta o no».

«Es una investigación que va a determinar si existe o no dicha ‘Fuerza de Choque’. Nosotros actuamos con mucha objetividad», dijo.

Tras conocerse la decisión de la Fiscalía, los integrantes de la bancada parlamentaria del PAP enviaron una carta a la fiscal general, Zoraida Ávalos, en la que solicitaron que se determine a los integrantes de la presunta «Fuerza de Choque».

El documento, divulgado en redes sociales por el legislador aprista Jorge del Castillo, calificó como «irresponsables» y «temerarias» las afirmaciones del fiscal Pérez y de Atala.

«Lo dicho implicaría que en los penales de Lima existe una Fuerza de Choque que estaría esperando el ingreso de Atala Herrera para causarle daño, por tal razón debe indicar el Fiscal qué personas tiene identificadas como integrantes de dicha estructura y en qué penales se encuentran», remarcó.

Posteriormente, el secretario general del PAP, Elías Rodríguez, señaló al Canal N que la acusación se basa en «informaciones temerarias e irresponsables» y se trata, en realidad, de una «persecución solapada de la fuerza democrática» que es su partido.

Atala reveló que los 1,3 millones de dólares que había cobrado de Odebrecht en una cuenta de la Banca Privada de Andora (BPA) eran sobornos para García y no el dinero de la venta de un terreno a la constructora brasileña como inicialmente había declarado.

El empresario se acogió a la colaboración eficaz (delación premiada), con lo que evitó la prisión preventiva de la que no escapó Luis Nava, el exsecretario de Presidencia de García que aparentemente recibió unos 4 millones de dólares en sobornos.

La confesión de Atala marca un hito en la investigación del caso Odebrecht ya que por primera vez se logra un indicio de delito que implica directamente a García, quien se suicidó el pasado 17 de abril cuando las autoridades llegaron a su casa para detenerlo como parte de esta investigación.

Fuente