La secretaria de Estado de la España Global, Irene Lozano, ha asegurado hoy que los gobiernos «tienen la obligación» de defenderse de las «fake news» que hacen peligrar la democracia ya que manipulan los datos y crean una realidad alternativa.

Lozano ha clausurado este martes una jornada sobre «Desinformación, Periodismo y Democracia» organizada por la Universidad Carlos III de Madrid en la que han participado representantes de la Comisión Europea, medios de comunicación, compañías tecnológicas y de empresas dedicadas a la comprobación de datos.

Lozano ha explicado que su trabajo consiste en «proyectar y defender la reputación de España» lo que implica un «compromiso con los hechos, con la realidad» y un esfuerzo por contrarrestar las estrategias de quienes falsean la realidad y manipulan los datos para crear una «realidad alternativa».

La secretaria de Estado ha planteado que, al romperse el «consenso sobre lo real» se produce «la división, el sectarismo, la polarización; en definitiva, una ruptura de la convivencia», que es el fin último de la democracia.

Así, el debate público «se ha sembrado de mentiras, de inexactitudes, de dudas» lo que ha generado «unos niveles de polarización que socavan a sociedades liberales y libres como la nuestra», tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, «porque la democracia es inseparable de la deliberación».

Para Lozano, «nuestras sociedades abiertas y democráticas dependen de que los ciudadanos puedan tener acceso a información verificable que les permita formarse una opinión sobre diferentes asuntos políticos».

Los ataques a la prensa y a los tribunales, el cuestionamiento de procesos electorales y de proyectos como la UE a partir de noticias falseadas y desinformación «pueden parecer inofensivos en un primer momento, pero sus efectos son devastadores para sociedades abiertas como la nuestra», ha considerado.

La desinformación está afectando hasta tal punto al debate público y político que los procesos democráticos se ven «amenazados y las instituciones desacreditadas».

Por ello, los gobiernos están obligados a combatir la desinformación y «responder a cualquier intento de manipulación o desinformación encaminada a distorsionar las campañas electorales o el debate público en general».