El 30 de marzo, el Parlamento israelí aprobó por 68 votos frente a 42 una ley que introduce la pena de muerte para los llamados “actos de terrorismo”. La formulación, deliberadamente ambigua, no es un detalle técnico: es la clave de un mecanismo que, según denuncian organizaciones de derechos humanos y expertos internacionales, permitirá aplicar la pena capital casi exclusivamente contra la población palestina, tanto dentro de Israel como en los territorios ocupados.
La medida llega en un contexto de escalada política y militar que ya había erosionado los estándares mínimos del derecho internacional. La legislación no solo amplía los supuestos para aplicar la pena de muerte, sino que elimina garantías procesales básicas, lo que ha llevado a organizaciones como Amnistía Internacional a denunciar que se trata de una herramienta destinada a reforzar un sistema de apartheid institucionalizado.
La crítica no es marginal. Gobiernos europeos como Alemania, Francia, Italia y Reino Unido alertaron en un comunicado conjunto del carácter discriminatorio de la ley, subrayando su aplicación desigual en función del origen nacional. El propio Ministerio de Exteriores alemán expresó su preocupación por el impacto de esta legislación en los derechos fundamentales en una declaración oficial publicada en su portal institucional.
Las advertencias no han sido atendidas. La ley ha salido adelante impulsada por el partido ultraderechista Poder Judío, liderado por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, una figura clave en la radicalización del actual Ejecutivo israelí.
El núcleo del problema no es solo la pena de muerte, sino el marco en el que se aplicará. Israel mantiene dos sistemas judiciales paralelos: uno civil para sus ciudadanos y otro militar para la población palestina en Cisjordania. Esta dualidad no es nueva, pero la nueva ley la profundiza hasta extremos inéditos.
En los tribunales civiles, la pena capital se limitaría a determinados supuestos de asesinato vinculados a “terrorismo”. Sin embargo, en los tribunales militares —donde son juzgados los palestinos— la aplicación sería mucho más amplia y prácticamente automática. Según datos recogidos por organizaciones locales, el 96% de las personas palestinas juzgadas en estos tribunales son condenadas, muchas veces tras confesiones obtenidas bajo coacción.
La ONG israelí B’Tselem ha sido especialmente contundente al señalar que la ley está diseñada para normalizar la ejecución de palestinos como herramienta de castigo colectivo. En un mensaje difundido en redes sociales, recogido en el pronunciamiento público de B’Tselem, la organización denuncia que esta legislación institucionaliza la violencia estatal bajo apariencia legal.
El impacto diferencial es evidente. Mientras que más de 3 millones de palestinos en Cisjordania quedarían expuestos a este sistema, los más de 500.000 colonos israelíes que residen en los mismos territorios seguirían sujetos al derecho civil, con mayores garantías y sin riesgo real de pena de muerte en condiciones equivalentes.
Este desequilibrio ha llevado a fuerzas políticas árabes dentro de Israel a denunciar que el Estado reconoce de facto la existencia de dos regímenes legales diferenciados por origen étnico y nacional. La acusación es directa: un sistema que castiga con la muerte a unos mientras protege a otros no es justicia, es segregación institucionalizada.
El contexto político en el que se aprueba esta ley es inseparable de los ataques del 7 de octubre de 2023, en los que murieron alrededor de 1.200 personas en Israel y más de 250 fueron secuestradas. Ese trauma colectivo ha sido utilizado como argumento central por los promotores de la legislación.
Sin embargo, juristas y expertos advierten que legislar desde la lógica de la venganza no solo no resuelve el conflicto, sino que lo agrava. La ampliación de la pena de muerte en un entorno de polarización extrema y desigualdad jurídica no apunta hacia la seguridad, sino hacia una espiral de violencia aún mayor.
Más de diez relatores y expertos de Naciones Unidas ya habían advertido durante la tramitación de la ley que las definiciones de terrorismo empleadas son excesivamente amplias. Esto implica que incluso conductas que no constituyen actos terroristas en sentido estricto podrían ser castigadas con la pena máxima. Además, denunciaron que los tribunales militares israelíes no cumplen los estándares internacionales de juicio justo, lo que convierte cualquier condena a muerte en una violación adicional del derecho a la vida.
En paralelo, la relatora de la ONU ha denunciado prácticas sistemáticas de tortura contra personas palestinas detenidas, señalando que estas dinámicas forman parte de un patrón más amplio de violencia estructural. En ese contexto, introducir la pena de muerte no es una medida aislada, sino la culminación de un sistema que ya vulnera de forma sistemática los derechos humanos.
Israel abolió la pena de muerte para delitos comunes en 1954 y solo la aplicó una vez, en 1962, contra Adolf Eichmann, uno de los responsables del Holocausto. Setenta años después, el país reintroduce esta herramienta no como excepción histórica, sino como política activa en un conflicto contemporáneo marcado por la ocupación y la desigualdad jurídica.
Cuando un Estado decide quién merece vivir y quién puede ser ejecutado en función de su identidad, la ley deja de ser un límite al poder y se convierte en su instrumento más brutal.
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