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La “ley antiboicot” de 2011, conocida formalmente como Ley para Prevenir Daños al Estado de Israel mediante el Boicot, convierte en ilícito civil pedir el boicot de una entidad por su afiliación a Israel o a un territorio bajo su control, incluidas las entidades que operan en asentamientos ilegales en los Territorios Palestinos Ocupados.

Una enmienda introducida en 2017 a la Ley de Entrada a Israel prohíbe conceder un visado de entrada a Israel (y, por tanto, a los Territorios Palestinos Ocupados que están bajo control israelí) a todas las personas que publiquen a sabiendas, o trabajen con una organización que publique a sabiendas, un llamamiento al boicot tal como se define en la ley de 2011.

Tanto la Ley para Prevenir Daños al Estado de Israel mediante el Boicot de 2011 como la enmienda de 2017 a la Ley de Entrada a Israel son contrarias a las obligaciones contraídas por Israel en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.

El 7 de mayo de 2018, el Ministerio del Interior israelí revocó el permiso de trabajo de Omar Shakir, director en Israel y Palestina de Human Rights Watch (HRW), citando una enmienda de 2017 a la Ley de Entrada a Israel que niega la entrada a Israel y los Territorios Palestinos Ocupados a toda persona que apoye o pida un boicot contra Israel conforme se define en la ley antiboicot de 2011. Las autoridades israelíes ordenaron a Omar Shakir que abandonara el país en un plazo de 14 días.

Human Rights Watch apeló contra la decisión del Ministerio del Interior ante el Tribunal de Distrito de Jerusalén, que congeló la orden de deportación mientras durara el caso.

Sin embargo, el 16 de abril de 2019, el Tribunal de Distrito de Jerusalén confirmó la orden de deportación y dio de plazo a Omar Shakir hasta el 1 de mayo de 2019 para que abandonara el país. Omar Shakir y Human Rights Watch apelaron contra esta decisión ante el Tribunal Supremo de Israel, y también pidieron al Tribunal que emitiera una orden para permitir que Shakir permaneciera en Israel hasta que se examine la apelación. El Tribunal aceptó esta petición.

Se espera que el Tribunal Supremo de Israel emita su resolución sobre la apelación de Human Rights Watch al terminar la vista del 25 de julio de 2019.

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