Desde el 18 de marzo de 2025, Israel ha ocupado y expulsado a la población de un 70% de Gaza, bajo el pretexto de ampliar su “zona de contención militar”. Así lo documenta la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que advierte del desplazamiento forzoso masivo de civiles palestinos. El propio ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha afirmado que, a diferencia de ofensivas anteriores, no devolverán estas zonas una vez “limpiadas”.
Las nuevas órdenes de evacuación sumadas a las áreas militarizadas configuran un mapa aterrador: Gaza arrasada, la gente hacinada en zonas cada vez más pequeñas y bombardeadas, y el futuro del enclave condenado a la desaparición. Según cifras oficiales israelíes, el 30% del territorio ya está controlado militarmente, pero la ONU alerta que la presión de expulsión se ejerce sobre un 70% del enclave.
Expertos como Sonia Boulos, profesora de Derecho Internacional en la Universidad Antonio de Nebrija, lo califican de limpieza étnica, un crimen de lesa humanidad. “Lo que buscan es hacer Gaza inhabitable para forzar la huida de su población”, explica Boulos en declaraciones recogidas por elDiario.es.
Mientras las tropas israelíes arrasan infraestructuras civiles —hospitales, escuelas, sistemas de agua—, el relato oficial repite la cantinela de la “seguridad” y la “autodefensa”. Una guerra medieval impuesta desde octubre de 2023, que ya dura más de 200 días, donde se emplean métodos de demolición indiscriminada, según denuncias recogidas por Breaking the Silence.
La eliminación de zonas humanitarias es otra fase del mismo plan. Israel ha borrado de sus mapas las áreas donde la población civil podía refugiarse, según ha revelado The Guardian. Lugares como Al Mawasi, en el sur de Gaza, han sido bombardeados repetidamente, pese a que miles de familias desplazadas siguen buscando refugio allí. La ONU denuncia 23 ataques contra estos campamentos solo desde la ruptura del alto el fuego en marzo.
El resultado es tan brutal que ni la propaganda israelí puede ya ocultarlo: niños quemados vivos, campos de refugiados devastados, ciudades reducidas a escombros. Según una investigación de la BBC, entre mayo de 2024 y enero de 2025 hubo 97 bombardeos documentados sobre zonas humanitarias, causando más de 550 muertes.
El Gobierno español, mientras tanto, mantiene contratos de compra de armamento a Israel. Aunque Pedro Sánchez anunció la rescisión de un acuerdo concreto tras la ofensiva sobre Rafah, otros contratos siguen vigentes, según ha confirmado El País.
Cada euro que España paga por drones, misiles o componentes militares a empresas israelíes es una traición directa a los derechos humanos y a la legalidad internacional. Mientras el Tribunal Internacional de Justicia procesa a Israel por genocidio, mientras se amontonan las pruebas de crímenes de guerra, el Ejecutivo español opta por la complicidad.
Desde organizaciones como Amnistía Internacional se exige no solo el embargo inmediato de armas, sino también el fin de toda colaboración militar y tecnológica con Israel. Una demanda apoyada por Human Rights Watch, que recuerda que el apoyo material a un Estado bajo acusación de genocidio puede acarrear responsabilidades legales internacionales.
La tibieza diplomática es inseparable de la impunidad militar. Las y los palestinos de Gaza no solo luchan por su existencia física. Luchan por que no se entierre definitivamente la idea de que todos los pueblos tienen derecho a la dignidad, a la tierra, a la vida. Mientras no se revoquen todos los contratos de armamento, el Gobierno de España estará ayudando a arrasar esa esperanza con misiles.
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