Juan Carlos I vuelve a estar en liza si es que alguna vez ha dejado de estarlo en los últimos meses. Izquierda Unida y el Partido Comunista de España, junto al Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda, han depositado ya la fianza de 12.000 euros impuesta a finales de noviembre por el Tribunal Supremo para ejercer la acusación popular en la tramitación de la causa especial 21092/2018. Ésta tiene su origen en la querella que presentaron ante la Sala de lo Penal del Supremo contra el ex jefe del Estado y actual rey emérito, Juan Carlos I, y otras siete personas por la supuesta comisión de 13 delitos.

El Supremo decidió reactivar las diligencias relativas a esta causa especial después de que los querellantes solicitaran su reapertura a finales de julio pasado y les dio ocho días para depositar la fianza. A partir de ahora los miembros de la misma sala que firman el auto que imponía la fianza deben resolver si reabren o no la causa, tras desestimarla la primera vez a toda prisa en verano de 2019. La querella original fue registrada en diciembre de 2018 y archivada en poco más de seis meses, todo un récord teniendo en cuenta el ritmo con el que se mueven las instancias judiciales.

El auto para reclamar el pago de los 12.000 euros detalla también que los magistrados son los mismos que entonces, salvo Francisco Monterde Ferrer, que se ha jubilado. Es decir, la sala está compuesta por Manuel Marchena Gómez -presidente de la Sala de lo Penal y que de nuevo ejercerá como ponente-, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Andrés Palomo del Arco, Ana María Ferrer García y Susana Polo García, esta última en sustitución de Monterde.

Querella también contra Corinna Larsen

La querella va dirigida, además de sobre Juan Carlos I, contra su ex amante Corinna Larsen (antes Corinna zu Sayn-Wittgenstein), el entonces director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) general Félix Sanz Roldán, los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Juan Villalonga, el comisario de Policía jubilado y ahora en prisión José Manuel Villarejo, además del ciudadano y abogado suizo Dante Canónica y Álvaro Orleans Borbón.

El texto original que registraron el Partido Comunista de España, Izquierda Unida y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda les vincula con 13 delitos -siete cometidos presuntamente por el rey emérito-, entre ellos los de cohecho, contra la Hacienda Pública, administración desleal, fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias, constitución de grupo criminal, blanqueo de capitales, encubrimiento, amenazas de muerte condicionales, descubrimiento y revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos o corrupción entre particulares.

Juan Carlos I
Juan Carlos I

El Supremo tiene capacidad para investigar 

IU y el PCE entienden que el Tribunal Supremo sí está capacitado para investigar a día de hoy a Juan Carlos I y al resto de querellados a la vista de los nuevos hechos supuestamente delictivos conocidos tras el archivo de la querella inicial. Además, están las diferentes actuaciones puestas en marcha desde otros ámbitos judiciales para investigar esas acciones.

Los querellante argumentan, entre otras razones, que “existen nuevos elementos probatorios que obran en las diligencias de investigación 38/2018 remitidas por la Fiscalía Anticorrupción a la Fiscalía del Tribunal Supremo ante los indicios de comisión de hechos delictivos por parte del aforado S.M. Juan Carlos I”, por lo que “procede reabrir la presente causa derivada de la presentación de querella criminal por parte de esta representación”.

Insisten en que después de que el Supremo decidiera archivar la causa especial “ha continuado aflorando diversa información incriminatoria en relación a los hechos objeto de la querella”. Recuerdan que “la Fiscalía Anticorrupción ha remitido a la Fiscalía del Tribunal Supremo, tras diversos contactos con la Fiscalía suiza, el expediente de las diligencias de investigación 38/2018 incoadas por la Fiscalía Anticorrupción” para que investigue los “fondos irregulares” que Juan Carlos I “habría tenido depositados en Suiza y relacionados con los pagos realizados por Arabia Saudí”.

“Pese a lo avanzado de las investigaciones y al acervo probatorio e indiciario recopilado -advertían ya en julio los querellantes-, aún no se ha interpuesto acción penal alguna por parte de la Fiscalía, corriendo sin embargo los plazos de prescripción de los posibles delitos cometidos”.

Alegan que ya no es válido el argumento empleado por el Supremo hace un año de que ‘los hechos denunciados ya fueron objeto de investigación y fueron archivados por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional’.

Blanqueo de capitales

Además de lo anterior, después de que IU y el PCE solicitaran formalmente la reapertura de la causa se han sucedido otras actuaciones para investigar nuevos casos que tienen a Juan Carlos I como protagonista. El pasado noviembre se conoció que la Fiscalía del Supremo había decidido abrirle una tercera investigación, después de que el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) alertara de nuevas irregularidades. Distintas informaciones apuntan que esta investigación la asumirá directamente la Fiscalía del Alto Tribunal y no la Fiscalía Anticorrupción, tras recibir esta última un informe de inteligencia financiera que afecta al rey emérito.

Se trataría de la segunda actuación sobre Juan Carlos I que concretamente se pone en marcha gracias a una alerta del Sepblac, que ya denunció operaciones irregulares por parte del teniente coronel Nicolás Murga -ayudante de campo del rey emérito- para pagar en su nombre gastos millonarios.

Las operaciones se habrían realizado con cargo a una cuenta controlada por el millonario mexicano Allen Sanginés Krause, tal y como investigaba ya la Fiscalía del Supremo en otras diligencias. Una vez que el coronel Murga pagaba, las elevadas facturas se remitían al Palacio de La Zarzuela a nombre de Juan Carlos I.

Juntoa a estos dos casos, la Fiscalía del Supremo investiga el desvío de 65 millones de euros que el ex jefe del Estado realizó a Corinna Larsen, procedentes de una supuesta donación de Arabia Saudí. Esta operación se ejecutó en 2012, cuando aún era rey. Aún sigue sin decidirse legalmente si la inviolabilidad de la que gozaba en función del cargo le protege ante estos hechos, lo que podría llevar al archivo de las investigaciones sobre él, no del resto de los protagonistas.