El portavoz parlamentario y coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, y su portavoz en la Comisión Constitucional, Ricardo Sixto, registran un escrito dirigido a la Mesa de la Comisión Constitucional para que su presidente, el ‘popular’ Jesús Posada “convoque con carácter de urgencia a la Mesa y Portavoces” de dicha comisión para “celebrar una sesión en la que se haga efectiva la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno”, aprobada en la Cámara Baja desde el pasado 23 de octubre

Izquierda Unida, a través de su portavoz parlamentario y coordinador federal, Alberto Garzón, y su portavoz en la Comisión Constitucional, Ricardo Sixto, trata de romper el bloqueo impuesto conjuntamente desde hace cuatro meses por el Gobierno del PSOE y el Grupo Popular, y forzar que la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, cumpla con su obligación y acuda al Congreso a hablar de la “impunidad de los cargos religiosos frente a los casos de abusos sexuales a menores” cometidos en el seno de la Iglesia católica.

Garzón y Sixto firman el escrito registrado esta mañana y dirigido a la Mesa de la Comisión Constitucional para que su presidente, el ‘popular’ Jesús Posada “convoque con carácter de urgencia a la Mesa y Portavoces” de dicha comisión para “celebrar una sesión en la que se haga efectiva la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno para que aclare lo expuesto en la mencionada solicitud”.

Se da el caso de que estos dos parlamentarios de Izquierda Unida consiguieron hace ya casi cuatro meses -el pasado 23 de octubre- que los órganos de gobierno del Congreso tramitaran favorablemente esta petición de comparecencia de Calvo.

El texto de la iniciativa aprobada entonces -con número de expediente 213/001217- fijaba que la ‘número dos’ del Ejecutivo de Sánchez debía acudir a la Cámara Baja para, textualmente, aclarar “si el Gobierno va a denunciar los Acuerdos de España con la Santa Sede para buscar un nuevo marco de relaciones entre el Estado y la Iglesia católica compatible con los parámetros de un Estado aconfesional y acabar, en particular, con la impunidad de los cargos religiosos frente a los casos de abusos sexuales a menores”.

En estos casi cuatro meses transcurridos ni la vicepresidenta del Gobierno, por un lado, ni el presidente de la Comisión Constitucional y diputado del PP, Jesús Posada, por otro, han movido un dedo para sustanciar esta comparecencia.

Se da la circunstancia de que la semana después de que el Congreso diera su visto bueno a la comparecencia de Calvo, ésta acudió al Vaticano para reunirse con el cardenal Pietro Parolin, ‘número dos’ del Papa, con quien trató este tema de los abusos a menores por curas católicos en España, entre otras cuestiones. De todos esos asuntos no hubo una explicación amplia en sede parlamentaria en ningún momento.

Lo que sí ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez en todo este tiempo es cerrar las puertas para aclarar a Izquierda Unida los pasos que daba o pensaba dar en relación con los casos de abusos a menores. Así, en diciembre respondió por escrito una pregunta parlamentaria de la diputada de IU Eva García Sempere y confirmó que rechaza elaborar o proponer a la jerarquía católica en nuestro país que elabore un informe sobre los centenares de casos de abusos sexuales silenciados durante décadas, como ya han hecho otros Estados como Alemania, Austria o Irlanda.

A la pregunta de García Sempere sobre si “¿piensa el Gobierno requerir a la Iglesia católica española que promueva la realización de un informe sobre abusos sexuales contra menores cometidos por sus religiosos?”, el Ejecutivo dijo textualmente que ‘no corresponde al Gobierno hacer este tipo de requerimientos. Si existe noticia de la posible comisión de un delito lo oportuno es ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal, no un informe’.

De la misma forma, la diputada de IU interrogaba al Ejecutivo del PSOE si “¿piensa que los Acuerdos con la Santa Sede son un obstáculo para acabar con la opacidad en la Iglesia española y la falta de colaboración con la justicia en casos de pederastia?”

El Gobierno mostró una vez más su pragmatismo y tiró de legislación para insistir en su respuesta en que la Iglesia católica está obligada por ley a comunicar a la justicia ordinaria los casos de abusos que conozca y que la única posibilidad de no hacerlo es precisamente acogerse a los Acuerdos de 1976: ‘El art. 2.3 del Acuerdo de 28 de julio de 1976, ratificado en Instrumento de 19 de agosto de 1976 dispone que “En ningún caso los clérigos y los religiosos podrán ser requeridos por los jueces u otras autoridades para dar información sobre personas o materias de que hayan tenido conocimiento por razón de su ministerio”’.

Este dato, que no es novedoso y que ya recogía García Sempere en su propia iniciativa parlamentaria, le sirvió al Gobierno socialista, no obstante, para pertrecharse y no incidir en más hechos concretos.

Los responsables de la Iglesia católica en otros países sí han elaborado trabajos como el que demanda IU. Por ejemplo, un informe interno de la Conferencia Episcopal de Alemania documenta un total de 3.677 casos de abusos sexuales cometidos por 1.670 religiosos católicos desde 1946 hasta 2014. La mitad de las víctimas eran entonces menores de 13 años.

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