Los eurodiputados de Izquierda Unida por Unidas Podemos Sira Rego y Manu Pineda han denunciado ante la Comisión Europea la muerte el pasado martes de un menor de edad de origen afgano en las inmediaciones del campamento de Moria, en la isla griega de Lesbos. El pequeño estaba durmiendo dentro de una caja de cartón y fue atropellado por un camión. La situación de las personas migrantes en esas instalaciones, creadas en 2015, es cada vez más insostenible, por culpa del acuerdo de la vergüenza entre la Unión Europea y Turquía de 2016.

En una pregunta escrita a la Comisión Europea, Rego y Pineda advierten de que no es la primera vez que un menor muere en Moria, “el último, el pasado 25 de agosto”, apuñalado. El campamento tiene capacidad para unas 3.500 personas, sin embargo, ahora mismo hay alojadas cerca de 7.000. “Las condiciones ahí son extremadamente precarias, con espacio habitacional insuficiente y sin acondicionar, escasez de alimentos, y ningún recurso para los miles de niños y niñas que lo habitan”, indican, antes de cuestionarse si esta situación representa el estilo de vida europeo que defiende la nueva Comisión Von der Leyen.

Los eurodiputados preguntan a la Comisión Europea qué «medidas piensa aplicar para reparar a los familiares de quienes mueren en un campo de refugiados en territorio europeo», piden responsabilidades políticas y cuestionan abiertamente que la UE esté haciendo todo lo posible para garantizar los derechos de los menores: “¿Continuará dejándolos morir en campos de refugiados o deportándolos a países en los que, como Afganistán, sus vidas corren peligro?”.

La declaración UE-Turquía fue en la práctica una condena tanto para las personas migrantes y refugiadas que llegaron a Grecia antes de la firma, como para las que lo hicieron después. El acuerdo pretendía la deportación a Turquía de todas aquellas que entraron en el país heleno después del 18 de marzo de 2016, mientras que las que entraron antes nunca fueron atendidas debidamente.

Muchas de ellas, de origen afgano, se encontraron atrapadas en ciudades como Atenas, malviviendo primero en el puerto de El Pireo y en el antiguo estadio olímpico de Eliniko, y después en pisos ocupados o en campamentos improvisados en la calle, sin poder optar a la protección internacional. La UE, en lugar de trabajar para mejorar la situación de todas estas personas, dejó que pasara el tiempo, sin darles información ni acceso a asistencia legal y facilitar, cuando cundía entre ellas el hartazgo, su deportación a Kabul, considerado lugar seguro para Bruselas.

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