Redacción

Izquierda Unida, personada como acusación popular en las Diligencias Previas 91/2016 y en la Pieza Separada 4, que provine de la anterior -más conocidas como ‘caso Lezo’ y de financiación ilegal del PP dentro del mismo, respectivamente- que se investigan en la Audiencia Nacional, ha registrado ante esta misma instancia judicial una solicitud para que el Juzgado Central de Instrucción Nº 6 acuerde “tener por investigados a la persona jurídica Partido Popular y a Esperanza Aguirre Gil de Biedma, acordando igualmente su declaración en calidad de investigados”.

IU entiende que sin lugar a dudas debe producirse “la declaración en calidad de investigada de la persona jurídica Partido Popular”, manteniendo, además, a la formación que lidera Mariano Rajoy “como parte en el procedimiento en esa condición procesal”. El escrito registrado especifica que cuando se produzca la comparecencia del PP deberá hacerlo a través del “representante legal que el partido así determine y apodere”.

La petición de Izquierda Unida va dirigida al magistrado instructor titular del Nº 6, Manuel García-Castellón. Su contenido se justifica, entre otros motivos, porque a la instrucción del ‘caso Lezo’ se han aportado “nuevos indicios sobre la perpetración de nuevos delitos vinculados a la financiación del Partido Popular entre 2012 y 2013, en concreto la información remitida al Juzgado por parte de la empresa Indra”, lo que hace pertinente las mencionadas citaciones.

Izquierda Unida -que comparte la acusación popular con otras formaciones y asociaciones- va más allá de lo que ha establecido la reciente sentencia de la Audiencia Nacional por la ‘trama Gürtel’, que condena al Partido Popular y señala su responsabilidad civil en ella, tras acreditar por primera vez ‘la existencia de la ‘caja B’ del PP’ y considerar probado que se benefició de ‘un sistema de corrupción institucional’.

El equipo jurídico de IU entiende que se debe aplicar el artículo 31 bis del Código Penal sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, incluidos los partidos políticos

El escrito apunta con claridad al magistrado instructor de la Audiencia Nacional que “resulta más que evidente que los elementos configuradores de la responsabilidad penal del Partido Popular en los delitos de cohecho, estafa, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda pública, así como la perpetración de un delito electoral, vienen más que determinados de conformidad con la doctrina relativa a los mismos”.

El equipo jurídico de IU entiende que se debe aplicar el artículo 31 bis del Código Penal -conforme a su nueva redacción tras la modificación de 2012- sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, incluidos los partidos políticos, en este caso el PP, para luchar de forma efectiva contra la corrupción: ‘En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho’.

Para esta acusación popular “se sigue así la línea ya acogida también por el Juzgado de Instrucción nº 32 de Madrid y la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Madrid para la imputación de delitos a un partido político, en este caso al PP por la destrucción de los discos duros de los ordenadores de su ex tesorero y también querellado Luis Bárcenas”. Todo ello se ratifica, además, conociendo que “quien de manera directa ha podido realizar tales actuaciones” es el entonces secretario general del PP de Madrid y presidente de la Comunidad Autónoma madrileña (CAM), Ignacio González.

A la par -apostilla el escrito-, este modo de actuar por parte del Partido Popular de Madrid debe ser puesto en conexión con los delitos de organización criminal, de la que el PP se habría beneficiado, y del delito de encubrimiento, obstruyendo sus principales dirigentes la acción de la justicia por acción u omisión”.
Esto es así porque de los hechos objeto de investigación en esta causa “se desprende de forma indubitada que en el trasfondo de las actividades criminales que realizaba la organización criminal que comandaba Ignacio González, secretario general del PP de Madrid, se encontraba el propio Partido Popular”.

IU entiende que los datos conocidos hasta ahora en esta causa apuntan a que este partido “aparece beneficiario directo de las actividades de la trama, por lo menos en lo concerniente al desvió de fondos desde ICM al Partido Popular en los ejercicios 2012 y 2013, existiendo pocas dudas de la absoluta falta de control interno que hubiese podido evitar la comisión de tales delitos y el aprovechamiento de fondos de una institución pública como la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid para el pago de gastos de campaña”.

El desvío de fondos desde ICM e INDRA hacía el Partido Popular se realizó entre 2012 y 2013, es decir, una vez ya había entrado en vigor la reforma del Código Penal que permite la imputación de los partidos políticos

Izquierda Unida detalla en su escrito al Juzgado Central de Instrucción Nº 6 que se ha producido una “auténtica depredación de dinero público en beneficio exclusivo del PP, partido que por otra parte no habría reflejado dichos ingresos a la Hacienda pública, habiéndose valido igualmente para esta ilícita conducta de la empresa Indra, tal y como se puede deducir de la información que la citada empresa ha puesto recientemente a disposición de este juzgado”.

Considera también que por lo avanzado en la investigación “el desvío de fondos desde ICM e INDRA hacía el Partido Popular se realizó entre 2012 y 2013, es decir, una vez ya había entrado en vigor la reforma del Código Penal que permite la imputación de los partidos políticos”.

De ahí que la acusación popular que representa IU reconozca que le “sorprende la posición de la Fiscalía”, toda vez que “es palmario que el Partido Popular y sus finanzas están siendo investigadas, siendo que han participado en dicha operativa para financiar ilícitamente al PP, detrayendo fondos del erario público, el secretario general del PP de Madrid así como otros diputados y cargos del Partido Popular, estando igualmente imputado el responsable de finanzas del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez, por lo que es evidente que nos encontramos, indiciariamente, con elementos que nos permiten calibrar de forma fácil que el partido, como persona jurídica, pudiera ser responsable penalmente de los hechos investigados”.

Además, sobre la declaración en calidad de investigada de Esperanza Aguirre se apunta que la que fuera máxima responsable del PP en Madrid tenía “un perfecto conocimiento de la mayoría de las actuaciones supuestamente delictivas objeto de investigación en esta pieza separada y que consistían en desvíos de fondos hacia el Partido Popular para financiación del mismo u otros fines”.

No puede tampoco obviarse la responsabilidad que por razón de su puesto como presidenta de la Comunidad de Madrid, determinada en el Reglamento de Funcionamiento del Partido Popular en la Comunidad de Madrid vigente, según consta en su página web y que le otorga la máxima soberanía, ilustra el absoluto control y gestión que ha desarrollado dentro del partido político”, indica el escrito de petición a la Audiencia Nacional.

Por todo ello, entiende esta representación que “existen sobrados elementos indiciarios como para que la Sra. Esperanza Aguirre comparezca en sede judicial en calidad de investigada para responder sobre su participación en posibles delitos de encubrimiento, dada su omisión, en principio consciente, para denunciar las actividades ilícitas llevadas a cabo por Ignacio González y su red corrupta y, en relación a la conducta del propio Partido Popular relativa a la comisión de los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, estafa, tráfico de influencias, contra la Hacienda pública y delitos electorales”.

Para el equipo jurídico de IU, “lo que resulta palmario es que la Sra. Aguirre debe comparecer ante esta instrucción para dar cuenta de su conocimiento de los hechos y relación con los mismos, siendo que su grado de implicación, complicidad y cercanía con el principal cabecilla de la trama corrupta, además de la propia responsabilidad que tenía como presidenta del PP de Madrid y de la CAM, hace que su comparecencia con plenas garantías constitucionales solo puede realizarse en la condición de investigada, con aplicación de todos los derechos a los que pueden acogerse los investigados en la causa”.

Por otra parte, Izquierda Unida y el resto de formaciones y asociaciones solicitan también en el mismo escrito al Juzgado Central de Instrucción Nº6 de la Audiencia Nacional que les tenga por personados “como acusación popular en la Pieza Separada 14 de las Diligencias Previas de referencia marginal (85/2014)”, más conocida como los hechos referentes a la financiación ilícita del Partido Popular dentro de la conocida como ‘trama Púnica’.

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