Redacción
El coordinador federal y el diputado andaluz de Izquierda Unida, Alberto Garzón y Miguel Ángel Bustamante, respectivamente, preguntan por escrito al Ejecutivo si “¿ha valorado la posibilidad de convocar un referéndum para que la ciudadanía pueda elegir entre República y Monarquía?”, si considera que pedirlo supone “una posición radical” o si estima “necesario investigar el patrimonio de la Familia Real”
Izquierda Unida, a través de su coordinador federal, Alberto Garzón, y de su diputado andaluz Miguel Ángel Bustamante ha puesto en marcha esta mañana en el Congreso una completa batería de iniciativas dirigidas al Gobierno de Mariano Rajoy para que se pronuncie en determinados temas de su competencia relativos a los/as miembros de la Familia Real y a la Monarquía. Entre otras cuestiones, los parlamentarios preguntan por escrito al Ejecutivo del PP si “¿ha valorado la posibilidad de convocar un referéndum para que la ciudadanía pueda elegir entre República y Monarquía?”, si considera que pedirlo supone “una posición radical” o si estima “necesario investigar el patrimonio de la Familia Real”.
Garzón y Bustamante ofrecieron una rueda de prensa en la Cámara Baja en la que presentaron estas preguntas, al tiempo que denunciaron el “veto continuo” que la Mesa del Congreso impone -con el respaldo del PP, PSOE y Ciudadanos- a cualquier tema polémico sobre la Casa Real cada vez que lo plantea IU.
Ambos diputados calificaron este hecho que se arrastra desde hace años de “opacidad” e “inadmisible silencio” y coincidieron en rechazar de forma tajante que “los representantes de los ciudadanos no podamos saber qué hace la Casa Real en determinados ámbitos que nos afectan a todos y todas”.
Intentarlo de nuevo precisamente hoy tiene que ver con la proximidad de la fecha del 14 de Abril, conmemoración del aniversario de la II República. Bustamante aprovechó sus explicaciones para hacer un llamamiento a “apoyar el movimiento republicano y el proceso constituyente” en las movilizaciones en este sentido convocadas para el próximo fin de semana en todo el Estado.
El parlamentario andaluz de Izquierda Unida que impulsa estas iniciativas destacó entre las cuestiones planteadas al Ejecutivo la “opacidad” del Centro de Investigaciones Sociológicas -bajo su responsabilidad- y le exigió que explique “¿cuáles son los motivos por los que el CIS ha dejado de realizar encuestas sobre la Monarquía española?”, si va a permitir que este centro “siga ocultando la opinión de la ciudadanía sobre la Monarquía” y si todo se debe a que el Gobierno esté “preocupado” por esta opinión.
Bustamante también está especialmente interesado en si “¿va a exigir el Gobierno a la Casa Real que detalle el patrimonio y las rentas de sus integrantes, y que sus actividades sean fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas?”. Esta falta de explicaciones sobre el uso de recursos públicos por parte de la Familia Real contrasta con la “transparencia” que se exige al conjunto de responsables públicos y cargos electos.
Izquierda Unida completa esta batería de iniciativas planteando al Gabinete de Rajoy sus interrogantes sobre la supuesta cuenta en Suiza del ahora rey emérito o los detalles que se ocultan sobre la gestión de las partidas de fondos públicos que se destinan a la Casa del Rey. De ahí que pregunte si el Ejecutivo va a “exigir responsabilidades” a Juan Carlos de Borbón por esa cuenta en Suiza que su padre le dejó en herencia a él y a sus dos hermanas por valor de 728 millones de euros. “La Casa Real jamás documentó las justificaciones que ofreció ni el caso fue investigado”, recuerda Bustamante en su texto.
También se pregunta sobre si “¿puede el Gobierno afirmar que ningún miembro de la Casa Real tiene cualquier tipo de activo financiero en el extranjero y, en concreto, en los conocidos como paraísos fiscales?” o si, teniendo en cuenta el artículo 14 de la Constitución, que señala que ‘todos los españoles son iguales ante la ley’, “¿considera el Gobierno que la Monarquía es compatible con el principio constitucional de igualdad?”
IU aprovecha sus preguntas para denunciar el “anacronismo” de la Monarquía en pleno siglo XXI, una institución “obsoleta”, de “dudosa utilidad pública” y que “genera desigualdades sociales”.
