Izquierda Unida no se conforma con las decisiones de la justicia española sobre las irregularidades supuestamente cometidas por el rey emérito y ha recurrido al Tribunal de Estrasburgo, al considerar que se vulnera su derecho a una tutela judicial efectiva y a que su causa sea oída equitativamente.
Como ya informábamos el pasado el pasado mes de marzo, la Fiscalía General del Estado decidía archivar sus investigaciones sobre el patrimonio de Juan Carlos I al no encontrar indicios suficientes para presentar una querella contra el rey emérito. Alejandro Luzón, ha firmado los dos decretos de archivo relativos a las diligencias que el ministerio público mantenía abiertas contra el rey emérito por el cobro de 100 millones de dólares como supuesta comisión por la adjudicación a empresas españolas del tren de alta velocidad a la Meca y por el pago de gastos familiares por parte de un empresario mexicano y una fundación suiza.
Este archivo por parte de la Fiscalía no significa que Juan Carlos I no tuviera implicación en los hechos que habían sido analizados, sino que, de acuerdo con el texto, no puede ser procesado, entre otras causas por la prescripción de los hechos y la inviolabilidad penal que prevé la Constitución sobre su figura, tal y como citaba la Cadena SER. Además, lo exculpaba de otros delitos fiscales cuando ya había abdicado porque regularizó la situación antes de conocer los motivos de la investigación del ministerio público. Por lo tanto, el rey emérito ya no tiene asuntos pendientes con la justicia ni en Suiza ni en España.
Reanudación de las investigaciones y 24.000 euros en concepto de daños y perjuicios
Izquierda Unida reclama al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se retomen las investigaciones e incluso solicita el pago de 24.000 euros en concepto de daños y perjuicios.
«El hoy demandante ante este Tribunal Europeo considera que en primer lugar esta investigación llevada a cabo por la Fiscalía del Tribunal Supremo (…), no da satisfacción ni a la tutela judicial efectiva que proclama el artículo 24 de la Constitución española (…) ni al contenido del artículo 117.1 de la Constitución española, al proclamar que ‘la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley’, ni al contenido del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, cuando establece que toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente… por un Tribunal independiente e imparcial», señalan en el documento.
El recurso de la formación política al Tribunal Europeo de Derechos Humanos critica la naturaleza opaca de la investigación que la Fiscalía realizó alrededor de los hechos atribuidos al rey emérito, unas diligencias de investigación mantenidas en secreto durante dos años. Al mismo tiempo, la formación denuncia la interpretación de la inviolabilidad que hizo el Tribunal Supremo rechazando la querella presentada por la propia Izquierda Unida, cuyo recurso ante el Tribunal Constitucional también fracasó.
IU ha presentado el recurso junto con el Partido Comunista de España y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda y considera que no se ha respetado la tutela judicial efectiva mientras que las diligencias de investigación de la fiscalía son ajenas al sistema judicial, corresponden a una institución jerárquica cuyo máximo responsable es nombrado por el Gobierno y su desarrollo está «vetado al público» y no permite personificación alguna, explica El diario.es.
