Izquierda Unida, el PCE y la Asociación Foro de Abogados de Izquierdas han aprovechado la reciente decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de reabrir la pieza del caso Villarejo para presentar un escrito en el que solicitan que reabra la querella que presentaron ante el Tribunal Supremo en diciembre de 2018.

En esa pieza se investigan las grabaciones de las conversaciones de Corinna Larsen con el excomisario José Manuel Villarejo en las que ésta atribuía al rey emérito el presunto cobro de unas comisiones ilegales por mediar en la adjudicación a empresas españolas de la construcción del AVE a La Meca y el uso de testaferros para ocultar una supuesta fortuna en Suiza.

La investigación sobre dichas conversaciones ha permanecido cerrada hasta ahora, pero las nuevas revelaciones aportadas por la justicia de Suiza así como el contenido de unos informes de la Policía tras analizar material incautado al excomisario José Manuel Villarejo, han hecho que el juez García Castellón considere que existen indicios suficientes de delito y esto ha llevado a la reapertura del caso.

García Castellón ha llamado a declarar, los días 7 y 8 de septiembre, como investigados a Corinna Larsen, a Villarejo, al socio de éste Rafael Redondo y al expresidente de Telefónica Juan Villalonga.

Los querellantes presentaron en 2018 ante el Supremo, único órgano competente para investigar al rey Juan Carlos que goza de aforamiento desde que dejó el trono, una querella contra el rey emérito por pertenencia a organización criminal, cohecho, delito contra la Hacienda Pública, administración desleal, fraude, tráfico de influencias, y por actividades y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos.

Tal y como recoge elDiario.es, en el escrito se señala que el único motivo que empleó el Supremo para archivar la denuncia fue que la Audiencia había sobreseído el caso sin elevar además posibles indicios contra el padre de Felipe VI que hubieran podido detectarse en la instrucción.

Pero la situación ha cambiado. La Audiencia Nacional ha reabierto el caso gracias a la documentación remitida por la Fiscalía de Suiza que investiga las supuestas comisiones cobradas por el rey emérito realizadas por Arabia Saudí y que habrían sido despositadas en Suiza. Y además, a partir de la abdicación del monarca a favor de Felipe VI en junio de 2014, los hechos podrían ser investigados ya que no gozaría de inviolabilidad.

En teoría, lo ocurrido después no escapa de la Justicia. Simplemente, está sujeto al aforamiento que tiene el rey emérito en el Supremo. Y a las investigaciones se les aplica el mismo criterio de prescripción que al resto.

Los querellados aseguran que «pese a lo avanzado de las investigaciones y al acervo probatorio e indiciario recopilado, aún no se ha interpuesto acción penal alguna por parte de la fiscalía, corriendo sin embargo los plazos de prescripción de los posibles delitos cometidos».