Este domingo 14 mandatarios de la izquierda de 11 países han firmado la denominada Declaración de la Paz en la que afirman su compromiso frente a lo que han calificado como la amenaza global del «golpismo de la ultraderecha».
La iniciativa la promovieron los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; de Bolivia, Luis Arce y el vicepresidente segundo del Gobierno de España, Pablo Iglesias.
Por España la han rubricado el vicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Los 14 mandatarios firmantes han coincidido este domingo en La Paz en el acto de toma de posesión de Arce como presidente de Bolivia, país que se ha convertido en referencia internacional de la respuesta ciudadana al golpismo, y han sido además de los ya mencionados: Evo Morales, Dilma Rousseff, Rafael Correa, Andrés Arauz, Alexis Tsipras, Daniel Jadue, Gustavo Petro, Verónica Mendoza, Jean Luc Melenchon y Caterina Martins.
La declaración señala que la principal amenaza a la democracia y la paz social en el siglo XXI es la ultraderecha y alerta sobre la expansión global de esta problemática «que propaga la mentira y la difamación sistemática de los adversarios» y que pretende “manipular y tutelar las democracias en defensa de sus intereses políticos y económicos».
Los firmantes, «gobernantes, expresidentes y líderes progresistas» de Iberoamérica y Europa, han expresado su compromiso de trabajar conjuntamente «por la defensa de la democracia, la paz, los derechos humanos y la justicia social frente a la amenaza que representa el golpismo de la ultraderecha».
El documento hace referencia también a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus e indica que: «La crisis vinculada a la grave pandemia que golpea a la humanidad ha puesto en evidencia las principales debilidades de nuestras formas de organización social: la fragilidad de los sistemas de salud y de los servicios públicos; la erosión, resultado de años de neoliberalismo, de los mecanismos de protección social con los que cuentan los Estados; la insostenibilidad social, económica y ecológica de los modelos dominantes de extracción para exclusivo beneficio empresarial; y, con una intensidad especialmente preocupante, los peligros a los que se enfrentan los sistemas democráticos en todo el mundo».
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