El portavoz adjunto del grupo parlamentario de Unidas Podemos y responsable federal de Justicia e Interior de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha exigido hoy al PP en el Congreso que “deje atrás la corrupción, enfréntense a su pasado ante toda España y pidan perdón”, y permitan que se reforme la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) para acabar con la “auto amnistía” y “ley de punto final” que los ‘populares’ se otorgaron en esta norma en 2015.

Santiago realizó esta petición durante su intervención en el Pleno de la Cámara Baja para rechazar la enmienda a la totalidad presentada por el propio PP contra la proposición de ley de derogación del plazo máximo previsto para la instrucción de causas en la LECRIM redactada e impulsada por Unidas Podemos.

La proposición de ley sostenida por el diputado de IU, que seguirá su tramitación parlamentaria normal al no salirse con la suya el partido de Pablo Casado, busca acabar con el plazo general de 6 meses y el especial de 18 meses que impuso el PP hace un lustro para las investigaciones expresamente declaradas complejas, aduciendo que así se ‘agilizaba la justicia penal y se fortalecían las garantías procesales’, en contra de la opinión mayoritaria del mundo judicial.

Enrique Santiago comenzó sus palabras recordando, no sin cierta ironía, que “subimos aquí a hablar de una enmienda presentada por un partido que ha sido declarado beneficiario a título lucrativo de un proceso de corrupción por la sentencia de la ‘causa Gürtel’”, ya que el PP seguía negando minutos antes que hubiera sido condenado nunca por corrupción.

También aceptó “hablar de contexto y de hechos objetivos”, como había reclamado la ponente del PP con anterioridad. “Antecedentes -expuso-: ‘Estoy en política para forrarme’, decía en una intervención telefónica Vicente Sanz, secretario general del PP de Valencia; ‘Me tengo que hacer rico’, decía Eduardo Zaplana”.

“Y después de los antecedentes, pasemos a los hechos: durante el Gobierno de Rajoy, de 2012 a 2018, se contabilizaron hasta 268 casos de corrupción en los que se implicaba al PP, con un coste estimado de cerca de 120.000 millones de euros. Es decir, la corrupción del PP afecto económicamente a España, pero al PP no le preocupó hasta que comenzó a afectarle electoralmente”, prosiguió Santiago.

El portavoz de Unidas Podemos en este debate denunció que hace mucho tiempo que el PP desplegó “un inmenso escudo protector de su impunidad. Eran los tiempos en que ‘M. Rajoy’ afirmaba que ‘todo era una trama contra el PP’, y lo que realmente pasaba es que se puso en marcha el plan para garantizar su impunidad”.

Además, frente a las acusaciones vertidas poco antes por el PP desde la tribuna sobre ‘ataques programados a los poderes del Estado’, Santiago respondió cargado de argumentos que “vamos a hablar pues de ataques programados: cambios en la UDEF -la unidad policial de investigación de la criminalidad económica-, con los dos comisarios que destaparon la ‘causa Gürtel’ acusados por el señor Fernández Díaz y por el Partido Popular de estar formando una ‘policía política’ en contra de este partido”.

Recordó que se sucedieron hasta siete denuncias, “todas archivadas”, contra Manuel Morocho (inspector jefe de la UDEF) y contra el que fuera comisario general de Policía Judicial, Juan Antonio González García. “Y esas denuncias las pusieron, entre otros, los señores Pablo Crespo, Álvarez Cascos o Jesús Merino, todos dirigentes del Partido Popular”, constató.

De la misma forma, trajo a colación que el partido que actualmente lidera Pablo Casado también colocó en puestos claves para componer tribunales de enjuiciamiento “a magistrados que luego eran recusados por su cercanía al PP. Ese es otro hecho objetivo, como la señora Concepción Espejel o el señor Enrique López (ex magistrado del Tribunal Constitucional y actual consejero de Justicia e Interior del Gobierno de la Comunidad de Madrid)”.

No olvidó tampoco que el Gobierno del PP utilizó también “a su ‘policía patriótica’ para destruir pruebas, como en el caso de los ‘Papeles de Bárcenas’. Por cierto, la instrucción de los ‘Papeles de Bárcenas’ que fue cerrada por decreto en aplicación de esta norma, sin ir más lejos”.

Y fue después de hacer todo eso “por si faltaba algo”, cuando “ustedes reformaron a la carta la Ley de Enjuiciamiento Criminal para limitar y dificultar esas instrucciones. Aprobaron una reforma que era técnicamente deficiente, una especie de prevaricación política; legislativamente injustificable, un claro ejemplo para estudiar en las facultades de Derecho de ‘realización arbitraria del propio derecho en  vía legislativa’, y éticamente reprobable, una auto amnistía para sus casos de corrupción”.

Enrique Santiago profundizó en las deficiencias legales que plantea la norma vigente y recordó que “son los jueces los que instruyen, pero la declaración de complejidad sigue quedando en manos de Fiscalía”  o el hecho de que “se equipara el caso de un robo simple con el de una instrucción económica compleja, obviando que los responsables de estos delitos económicos complejos se escudaban cuando se produjeron en altas instituciones del Estado”.

Recordó que la enmienda a la totalidad defendida hoy por la derecha “es igual de legislativamente injustificable que la ley que aprobaron. Las asociaciones de jueces y de fiscales pidieron la suspensión de su entrada en vigor y la calificaron de auténtica ‘ley de punto final’. La Asociación Profesional de la Magistratura también pidió su reforma. Más de 1.000 fiscales de un total de 2.500 firmaron una carta en contra de la reforma. Las fiscalías manifestaron que era materialmente imposible revisar cerca de 650.000 causas judiciales que ustedes pretendían que hicieran en un plazo de seis meses”.

Santiago dejó claro que “la única forma de agilizar la justicia es dotándola de recursos humanos y tecnológicos. Si no ha colapsado en todos estos años, hay que decirlo muy claro, ha sido gracias a los esfuerzos de sus trabajadores y trabajadoras, a los empleados públicos, que sin medios consiguieron mantener en funcionamiento una justicia que se veía como una amenaza por el PP”.

Para el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, lo que se necesita ahora es “una revisión integral con urgencia es la Ley de Enjuiciamiento Criminal y eso es lo que se ha comprometido a hacer este Gobierno”. Por ello, propuso formalmente “que concretemos un gran acuerdo para dotar a la justicia de esos medios y recursos, y de aquí a un par de meses, en los Presupuestos Generales del Estado, no dentro de un año. Esa es la auténtica reforma necesaria, no la auto amnistía que nos están proponiendo, que es simplemente impunidad y éticamente reprochable”.

Para concluir su intervención, reiteró a los dirigentes del PP que “sean valientes. Asuman sus responsabilidades frente al Estado y los ciudadanos. Dejen de desgastarse con este patético intento de mantener su encubierta ley de auto amnistía en sus casos de corrupción. Enfréntense a su pasado ante toda España, dejen atrás la corrupción y comiencen por manifestar un propósito de enmienda, como les reclama toda España, empezando por sus votantes. No desaprovechen esta última oportunidad de pedir  perdón por la corrupción y ofrecer verdad a este país”.