Jaime Botín, hermano del fallecido Emilio Botín, ha trasladado a España y disuelto su sociedad Cherokee Bay Ltd, la firma radicada hasta hace unos meses en el paraíso fiscal de Guernsey que formaba parte del entramado societario con el que el multimillonario y máximo accionista de Bankinter defraudó, según la Fiscalía de Madrid, 1.014.298 euros a la Hacienda española con la adquisición de un avión privado en el año 2012.

Esa operación propició una denuncia del Ministerio Público por delito fiscal en 2017 que es uno de los procedimientos judiciales a los que ha hecho frente en los últimos años Botín. El banquero, de 83 años, alcanzó un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado para aceptar una pena de 9 meses de cárcel (que implicaba no entrar en prisión) y abonar una multa de medio millón y la devolución de la cantidad defraudada. Pero el enfado de Botín por la publicación de su condena en la prensa dinamitó el pacto.

Según el Registro Mercantil, a finales de mayo, el propio Botín decretó la extinción voluntaria de Cherokee Bay SL tras trasladarla a España, «dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones«. Para ello, nombró liquidadores a dos personas de su máxima confianza, Rocío Utrera y Ricardo Egea, ambos imputados en el procedimiento por ese presunto delito fiscal relacionado con la compra de su jet privado.

Botín y la justicia

Además de haber defraudado a Hacienda con su sociedad Offshore, el mes pasado, Jaime Botín vio como el Tribunal Supremo confirmaba una multa de 300.000 euros por una infracción muy grave de la Ley del Mercado de Valores, por el incumplimiento del deber de comunicación y difusión de participaciones significativas en Bankinter, banco del que Botín es primer accionista y del que ocultó una participación superior del 7% que tenía en Suiza.

Botín ya había esquivado a la justicia cuando anularon su sentencia por «cuestiones procesales» en el juicio por el contrabando de un Picasso interceptado en Córcega agosto de 2015 cuando viajaba para su venta en Suiza a bordo de su yate Adix, también a nombre de la sociedad Cherokee Bay, pese a la prohibición expresa de la Audiencia Nacional y el Gobierno español.

 

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