En el año 2008 el Tribunal Constitucional anulaba la condena impuesta por el Tribunal Supremo a los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer por estafa y falsedad en documento mercantil en la venta de la sociedad Urbanor. El Supremo consideró que Los Albertos engañaron a sus socios al negociar la venta del conjunto de Urbanor, propietaria de los terrenos donde se construyeron las torres KIO, al pactar con los kuwaitíes 231.000 pesetas por metro cuadrado, pero pagaron a los pequeños accionistas, como «suscripción preferente», sólo 150.000 pesetas el metro cuadrado.
Pero ese año la suerte no solo sonrió a Los Albertos sino también a Juan Carlos I que recibió la mayor comisión de su vida: 52 millones por conseguir llevar a buen puerto la ruinosa compra del Banco Zaragozano por parte de Barclays Bank.
Pero, a partir del año siguiente, su suerte cambiaría cuando el juez Antonio Pedreira cursó la primera comisión rogatoria a Suiza sobre la sociedad de consultoría financiera Rhône Gestion, de Arturo Fasana y Dante Canonica, sin saber que eso le conduciría hasta Zarzuela, tras seguir la pista del envío de nueve millones de euros desde empresas de la trama Gürtel a la cuenta Soleado de Rhône Gestion en Credit Suisse, en junio y julio de 2005.
Además, Los Albertos aparecieron en los Papeles de Panamá como clientes del despacho Mossack Fonseca, que había creado para ellos una trama de sociedades off-shore para invertir en España desde paraísos fiscales, como Swiss Shipping Inc., una compañía sin personal, con sede en las Islas Vírgenes Británicas.
Su única actividad consistía en ser propietaria del 40% de Ondimar Transportes Marítimos, filial del grupo vasco Ibaizabal, que posee tres petroleros, con los que, según fuentes conocedoras de la operación consultadas por Público, efectuaban el transporte de crudo para Repsol, presidida por Alfonso Cortina, hermano y primo de Los Albertos, quien en 2013 entró como accionista de Swiss Shipping, gestionada por el despacho de Fasana. Las comisiones de ese transporte de petróleo eran gestionadas por el vicepresidente de Repsol, José Ramón Blanco Balín, e iban a parar a la cuenta Soleado.
Pedreira buscaba el rastro de la fortuna del cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, y envió 24 comisiones rogatorias a jueces de ocho países y dos paraísos fiscales. Pero buscando la de Correa se topó con la del rey porque Blanco Balín había introducido en la cuenta nodriza Soleado a Correa y porque Y porque Fasana alardeó de la importancia de sus clientes para espantar a los integrantes de la comisión policial enviada por Interior a Ginebra, a finales de mayo de 2009, para disuadirlos de seguir investigando, tal y como recoge Público.
En 2003, el Alto Tribunal ratificó la culpabilidad de Los Albertos y tampoco prosperó su petición de indulto al Gobierno, a pesar de que la Audiencia se escudó en que la querella presentada por los perjudicados no fue admitida a trámite, por un defecto de forma, hasta que se había cumplido el plazo de prescripción (cinco años). Sin embargo, pero la jurisprudencia del Supremo determinaba que la mera presentación de una querella interrumpe ese plazo porque cumple el requisito de la ley de «dirigir el procedimiento contra el culpable».
La desesperación de Los Albertos tras su probable ingreso en prisión hizo que presentasen a la Fiscalía una carta falsa incriminando a sus antiguos socios en Urbanor para tratar de que el Supremo revisase su condena. Por este intento de estafa procesal fueron condenados en 2009 a 4 meses de prisión. Y en 2014, la Sala de lo Civil del Supremo les condenó a pagar 25 millones de euros a los socios minoritarios engañados.
A principios de 2008, su última baza era el Tribunal Constitucional, que había aceptado su recurso de amparo y asignado como ponente de la sentencia final al magistrado Pascual Sala Sánchez, amigo de Juan Carlos I desde hacía muchos años. El rey le presionó para que fallase a favor de Los Albertos, tal y como asegura a Público una fuente que vivió de cerca aquella compleja situación jurídica porque tenía relación personal con uno de los juristas implicados.
Pero Sala no vio ninguna posibilidad de modificar la doctrina establecida por el Supremo y así se lo indicó a Juan Carlos I. Sin embargo, los primos se las ingeniaron para que le fuera asignado como letrado adjunto Ángel Aguallo, un catedrático de Derecho Tributario gran admirador del rey.
Aguallo utilizó el argumento de que ese tribunal había lesionado su derecho a una tutela judicial efectiva para lograr la prescripción del caso. La fuente consultada por Público señaló que «la sentencia generó una auténtica conmoción en la Judicatura y la indignación del Supremo, porque entraba en un terreno que le correspondía exclusivamente al Alto Tribunal».
Las más altas instituciones judiciales se enfrentaron con dureza. La Sala Segunda del Supremo acusó al TC de «vaciar de contenido» el artículo 123 de la Constitución al interpretar cuestiones de legalidad ordinaria, entrando en terreno reservado al TS; el entonces fiscal general del Estado y magistrado en excedencia del Supremo, Cándido Conde-Pumpido, proclamó su discrepancia «total, radical y profunda» con la sentencia del Constitucional, advirtió de que los empresarios «se quedarán con el dinero» y concluyó que la resolución «no es la más adecuada para defender a las víctimas». El TC respondió con una carta al Gobierno de Zapatero, pidiendo medidas contra el fiscal general.
Entre pillos anda el juego.