Tal y como publica El Confidencial este miércoles, Juan Carlos I incluyó una cláusula en los estatutos de Lucum Foundation para evitar conflictos entre los beneficiarios. En dicha cláusula se especificaba que sería expulsado de la sociedad y no disfrutaría de sus bienes quien se opusiera el reglamento interno de la empresa, reclamara más dinero del que le correspondía o intentara que otro de los beneficiarios no recibiera su asignación.

Con esta cláusula se pretendía evitar que el actual rey Felipe VI, sus hermanas Elena y Cristina e incluso las princesas Leonor y Sofía intentasen quedarse con los fondos de la sociedad. A pesar de que durante 39 años el rey emérito figuró como único beneficiario, los estatutos establecían que si fallecía el dinero sería conservado por el entonces Príncipe de Asturias. Si este también fallecía pasaría a ocupar su lugar el/la heredero/a al trono.

Según indica el documento publicado este lunes por El Confidencial, si Felipe VI se hiciese cargo de la fundación debía cumplir una serie de condiciones y el dinero de Arabia Saudí que Lucum Foundation tenía depositado en una cuenta del banco Mirabaud en Ginebra debía se usado para garantizar el mantenimiento de todos los miembros de la familia real española al completo y los posibles nuevos miembros, como los futuros hijos de las infantas Elena y Cristina.

En marzo de 2011 Juan Carlos I confeccionó los estatutos de la sociedad con el asesoramiento de Arturo Fasana y Dante Canonica, en los que se incluyó la cláusula que pretendía evitar que los beneficiarios se saltasen sus normas y pudiesen arrebatarle el dinero o reclamasen más cantidad de la que le correspondía.

En los estatutos de la mercantil, a los que ha tenido acceso El Confidencial, se detallaba que: “Si un beneficiario se opone a la ejecución de este acuerdo o pretende obtener una parte más importante que la que le corresponde o intenta impedir que otro u otros beneficiarios reciban la parte o partes que les corresponden, perderá todo derecho a su parte y será excluido del grupo de beneficiarios de la fundación, como si no hubiera nunca sido beneficiario” y añadía: “Los beneficiarios solo serán propietarios de los activos que se les entreguen”.

Asimismo se explicaba que hasta la entrega de la parte correspondiente a su legítimo beneficiario, los activos eran “parte integrante de la fundación y no podrán ser cedidos ni hipotecados” y se matizaba que las reglas serían irrevocables únicamente tras el fallecimiento del primer beneficiario.

En 2012 Juan Carlos I decidió disolver la sociedad y transfirió los millones que no se habían gastado, unos 60 millones de euros, a Corinna Larsen.

La Fiscalía del Tribunal Supremo asumió recientemente la investigación del presunto pago de comisiones ilegales en el proyecto del AVE a La Meca ante la aparición de indicios que relacionan a Juan Carlos I con la trama.

Desde 2018 la Fiscalía de Ginebra tiene en su punto de mira el ingreso de los 64,8 millones de euros procedentes del rey de Arabia Saudí en favor del Rey de España realizado en 2008 y que, según los investigadores, podrían tener relación con esa infraestructura. En esa fecha el rey emérito gozaría de inviolabilidad por ser jefe de Estado.

Otros aseguran que el rey de Arabia Saudí pagó esa cantidad a Juan Carlos I por sus gestiones para lavar la imagen de su país, una de las peores dictaduras del mundo. En 2007 el rey Abdulá recibía la insignia el toisón de oro de parte del rey emérito y en 2008, unos días antes de la transferencia, se presentó el régimen saudí como un Estado abierto y tolerante en el congreso mundial de diálogo interreligioso.