Así lo ha indicado Moreno una entrevista en la Cope, recogida por Europa Press, donde ha precisado que la bonificación que aprobó este martes su Consejo de Gobierno por decreto ley va dirigida al “grueso” de quienes pagan estos impuestos. Según ha indicado, en “un 90 por ciento” son familiares de primer y segundo grado quienes reciben las cesiones, mientras que “lo demás es más marginal y minoritario”.

No obstante, el jefe del Ejecutivo andaluz ha asegurado que durante la legislatura se estudiará la posibilidad de poder ampliar la citada bonificación a otros familiares. “Siempre hay margen de mejora”, ha afirmado Moreno, para quien con lo ya aprobado puede decirse que este impuesto “prácticamente ha pasado a la historia en Andalucía”.

Moreno ha destacado que desde este jueves, fecha en la que entrará en vigor la bonificación al 99 por ciento, aquellos padres que quieran ayudar a sus hijos, en mala situación económica, con una donación de 10.000 euros, solo tendrán que pagar a Hacienda 7,82 euros, mientras que anteriormente la cifra ascendía a 782 euros.

Se ha mostrado convencido que con la práctica eliminación de este impuesto “van a florecer muchas cantidades” por las donaciones, van a volver muchos ciudadanos a Andalucía que se censaron en Madrid para no pagarlo y se van a mantener explotaciones ganaderas, cuyos propietarios tenían que pagar entre un 40 y un 45 por ciento a Hacienda por cederlas a sus hijos.

El jefe del Ejecutivo andaluz también ha destacado la rebaja de manera progresiva del tramo autonómico del IRPF que aprobó este martes el Consejo de Gobierno y que, según ha apuntado, colocará a Andalucía entre las comunidades con un IRPF más bajo.

Tras censurar el “ejercicio de cinismo” que hace el PSOE-A y su secretaria general, Susana Díaz, con sus críticas en esta materia, Moreno ha indicado que su gobierno va a compensar lo que pierda con la bajada de estos impuestos mediante una “gestión eficiente”.

Y es que, según ha denunciado, los anteriores gobiernos socialistas “han tirado a la basura miles de millones de euros” con una mala gestión. Entre otros datos, ha apuntado que Andalucía ha tenido que pagar 762 millones por sentencias judiciales en contra, fruto de “chapuzas”.

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