Con las personas con jubilación anticipada con 40 o más años de cotización, la legislación española es, una vez más, injusta y discriminatoria con un colectivo, al aplicar coeficientes reductores absurdos, arbitrarios e injustos.
El Parlamento de Cataluña ha aprobado, el pasado mes de noviembre, una Proposición no de Ley (PNL) por la cual insta al Gobierno de España a que elimine los coeficientes reductores que sufren las personas jubiladas de forma anticipada y que hayan cotizado 40 o más años. La citada eliminación de coeficientes debe aplicarse tanto a las personas actualmente ya jubiladas de forma anticipada como a las futuras.
Con esta PNL aprobada por el Parlamento de Cataluña, son ya 13 los parlamentos autonómicos que han aprobado PNL’s en el mismo sentido de instar al Gobierno de España a despenalizar las pensiones a las personas jubiladas de forma anticipada con largas carreras de cotización.
Adicionalmente, exactamente el mismo mandato ha sido aprobado mediante una Moción en el Senado, una PNL en el Congreso de Diputados, así como a través de sendas Mociones aprobadas por 8 diputaciones y 34 ayuntamientos.
Como se puede apreciar, existe un enorme apoyo de las instituciones democráticas en España a esta reivindicación, promovida y defendida desde la asociación ASJUBI40. El colectivo afectado actualmente es de 532.000 personas.
Lamentablemente, de forma incomprensible, los diferentes Gobiernos de España, hasta el presente, han hecho caso omiso de las citadas PNL’s.
A diferencia de otros países, con una mayor experiencia y consolidación democrática, en los cuales las resoluciones no legislativas, si se consideran efectivas y vinculantes para el Gobierno, sin embargo, en España, carecen de efectos jurídicos vinculantes. Parece que su valor queda reducido a una mera «fuerza moral».
Este manifiesto ninguneo del Gobierno español a los claros mandatos que emanan de parlamentos autonómicos, Senado, Congreso y corporaciones locales, es una burla a las instituciones democráticas y a los ciudadanos y ciudadanas que éstas representan.
Varapalo a la jubilación anticipada
La legislación española relativa al cálculo de pensiones de jubilación sufrió en julio 2019 un terrible varapalo, cuando el Tribunal de Justicia Europeo la acusó de injusta y discriminatoria en dos leyes:
1- normativa utilizada en el cálculo de las pensiones de los trabajadores a tiempo parcial. El Tribunal Constitucional se vio obligado a anular la normativa existente hasta entonces.
2- normativa aplicada a personas jubiladas de forma anticipada que hubieran trabajado parte de su vida laboral en otros países miembros de la UE, era contraria al derecho europeo.
Ambas normativas tuvieron que ser corregidas por el Gobierno español para cumplir el dictamen del Tribunal de Justicia Europeo.
Los dos ejemplos anteriores ponen de manifiesto que en ocasiones, ante la sinrazón del Gobierno, es obligado acudir a los tribunales europeos en defensa de derechos legítimos que han sido negados por la legislación española y por los órganos de gobierno del Estado.
En el caso de las personas jubiladas de forma anticipada con 40 o más años de cotización, la legislación española es, una vez más, injusta y discriminatoria con un colectivo, al aplicar coeficientes reductores absurdos, arbitrarios e injustos.
De conformidad con el documento de recomendaciones aprobado en el Pacto de Toledo, el Gobierno debe facilitar una respuesta a esta injusticia, en enero de 2021 como plazo máximo.
Esperemos que la respuesta del Gobierno sea la derogación total e inmediata de los coeficientes reductores, tanto a las personas ya jubiladas de forma anticipada con anterioridad como a las futuras, del colectivo con 40 o más años cotizados.
En caso contrario entiendo que ese colectivo estará totalmente legitimado para defender sus derechos ante otros organismos nacionales o internacionales.
