El principal problema político de España es el desnortamiento del Partido PopularJosé Luis Abalos

Durante estos días estamos asistiendo a una polémica política muy viva e intensa, que tiene por objeto la renovación de miembros del Consejo General del Poder Judicial (en adelante, CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces por excelencia. Como sabemos, los jueces son funcionarios de carrera que desempeñan su trabajo con arreglo a la ley, que superan un concurso-oposición que les garantiza su trabajo durante su vida, pero todo lo que se refiere a su organización interna (estatuto jurídico, destinos, asuntos, cargas de trabajo, incompatibilidades, ascensos, inspección, sustituciones, jubilaciones, bajas, traslados, régimen disciplinario, recursos de amparo…) es decidido por este órgano de gobierno. Los miembros de este órgano son los que deben ser renovados cada 5 años por las Cortes, bajo las premisas generales establecidas desde la Constitución de 1978 (en su artículo 122, y concretadas en una posterior Ley Orgánica de 1985, que llevó a que todos los miembros del CGPJ sean elegidos por el Parlamento). Clarifiquemos entonces: los jueces no son nombrados, como tampoco lo son los profesores de la escuela pública, sino que acceden a su puesto por medio de una oposición basada en los criterios de igualdad, mérito y capacidad. Pero son los jueces nombrados para formar parte del CGPJ los que toman las decisiones organizativas para este Cuerpo del Estado, que forma, como sabemos, uno de los tres poderes del mismo, concretamente el Poder Judicial. Lo más interesante de sus funciones es que el CGPJ nombra a los Presidentes del Tribunal Supremo, de todos los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de las Comunidades Autónomas, y demás puestos judiciales gubernativos. Y como muy bien explica Victoria Rodríguez-Blanco en este artículo:Es esto lo que a los partidos les preocupa, la composición del órgano, porque no debe olvidarse que también los parlamentarios son aforados y serán en estas sedes jurisdiccionales donde se resolverán sus causas procesales”. Cuando los políticos y la ciudadanía aluden a la expresión “Que los jueces sean elegidos por los jueces”, a lo que se están refiriendo es a que dicho Cuerpo funcionarial (público) de jueces que forman dicho Poder del Estado elija o nombre a su vez a sus propios colegas que los van a representar en dicho órgano de gobierno, y que por tanto van a tomar las decisiones que les competen a todos.

Bien hasta aquí. ¿Dónde está, entonces, el problema, y por qué la renovación del CGPJ está causando tanto revuelo? Entender esto ya no es tan fácil, y para hacerlo hemos de remontarnos al franquismo. Como sabemos, el franquismo fue un régimen ilegítimo, injusto, criminal, totalitario, sanguinario y dictatorial, que exigía que toda la comunidad pensara lo mismo. La libertad de pensamiento era un delito. Todos los poderes, estamentos e instituciones del Estado eran homogéneos, estaban uniformizados, en función de la consecución y permanencia del pensamiento único vigente. Esto implicaba que jueces, policías, maestros, médicos, políticos, abogados, periodistas, etc., rindieran pleitesía (al menos en público) a dicho pensamiento único. ¿Qué ocurrió con el advenimiento de la “democracia”, después de la muerte del dictador? Los redactores de la Constitución de 1978 ya previeron que el estamento judicial podía ser un problema, pues ellos representaban, como hemos dicho, un Poder del Estado. La “apertura democrática” no removió (como debía haber hecho de tratarse de una democracia real) a periodistas, maestros, policías, etc., sino que los mantuvo en sus cargos, e incluso una gran parte de ellos/as fueron propuestos para cargos superiores. De ahí que hablemos, aún hoy, más de 40 años después, de la alargada sombra del franquismo (piénsese por ejemplo en el Ejército, la institución donde existen más miembros ligados a la ultraderecha). Pero los jueces constituían un caso especial, ya que como decimos, podían representar un serio problema, pues a la hora de interpretar las leyes, si no se garantizaba que existiera un balanceo, más o menos representativo, de jueces que “simpatizaran” más con las ideas progresistas frente a otros/as que seguían simpatizando más con las ideas conservadoras, las sentencias podían estar desequilibradas.

Hagamos, para entenderlo mejor, un paralelismo ficticio con el “poder” mediático (siempre se afirma, con acierto, que la prensa es el “Cuarto Poder” del Estado). En efecto, pensemos en los medios de comunicación como si también fueran un “Poder” real del Estado, lo cual no sería descabellado, pues sus titulares, selección de noticias y portadas, conclusiones, líneas editoriales, enfoques y opiniones conforman en gran medida la opinión pública. El abordaje informativo de cada medio puede simpatizar más con la izquierda o con la derecha. Sin embargo, pensemos un momento: ¿está equilibrada la situación actual? Evidentemente, está muy lejos de dicho equilibrio, pues mientras los grandes conglomerados mediáticos, dueños de cientos de periódicos, televisiones y revistas, obedecen al ideario conservador y neoliberal, los que no se alinean con dicha línea editorial son los medios más modestos, y están en su inmensa mayoría únicamente en el mundo virtual, es decir, en Internet. En cambio, los grandes rotativos (El Mundo, El País, La Razón, ABC, La Vanguardia, El Periódico…), de mayor alcance mediático, con más medios humanos y materiales, y con mayor apoyo económico, pertenecen a los grandes grupos empresariales, todos ellos de ideario conservador. La situación es injusta, ¿verdad? Pues igual ocurre con la judicatura. No está para nada equilibrada, pero sin embargo, a este sector de los medios de comunicación no se le ha prestado tanta atención, porque no son ellos los que dictan las sentencias. Imaginemos que se crea un órgano de gobierno de los periodistas (algo así como un Consejo General del Poder Mediático, CGPM), cuyos miembros van a designar a los periodistas que se van a encargar de los medios públicos (las radios y televisiones públicas)…¿Vemos entonces la importancia que tendría la designación de dichos miembros? Dependiendo de los profesionales que nombraran, dichos medios tendrían un evidente sesgo y enfoque conservador o progresista. De hecho, esto es básicamente (a pequeña escala) lo que ocurre con los profesionales de RTVE, cada vez que se da un cambio de Gobierno.

Pero volviendo al asunto que nos ocupa, a estas alturas es conveniente preguntarse: ¿Es independiente un juez/jueza? Pues veamos: si entendemos por “independencia” el hecho o posibilidad de poder realizar su trabajo sin presiones, con todas las garantías de su libertad plena, es evidente que los jueces y juezas son independientes. Ahora bien, cuando usamos dicho término no nos referimos exactamente a eso, sino a la interdependencia existente entre su trabajo (dictar sentencias conforme a su conciencia y con arreglo a la ley) y sus propias ideas y criterios políticos. Hemos de partir de la base de algo muy evidente: la ley es la ley, y lo que hace (o debe hacer) un juez o jueza es dictar sentencia con arreglo a la ley y a la jurisprudencia vigente, pero es igualmente evidente que los jueces y juezas son personas humanas, y que la ley es “interpretable”. Por mucho que un texto legal tenga su letra pequeña, su detalle, siempre puede ser interpretable en un sentido o en otro, y los jueces y juezas, como humanos que son, y ante la dimensión ideológica que poseen sobre cómo debieran sentenciarse los diferentes asuntos, es absolutamente inevitable que hagan su trabajo de forma independiente, sí, pero sujetos a su idiosincrasia política personal e intransferible. De esta forma, un juez conservador puede sentenciar o simplemente ver o entender un determinado asunto desde una perspectiva, mientras un juez progresista puede verlo de otra manera. De ahí que, de hecho, existan varias asociaciones de jueces (así como de fiscales y de abogados, como en cualesquiera otras profesiones), cada una con su corte ideológico concreto (Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia…). Pues ya hemos llegado al meollo de la cuestión, si ponemos todas las piezas en el puzzle.

Situémonos a finales de la década de los años 70 del siglo pasado: si proveníamos del franquismo, donde la judicatura era de ideario conservador en su inmensa mayoría, había que garantizar que, ya que estamos hablando de un Poder “independiente” del Estado, los miembros de dicho órgano de gobierno de los jueces estuvieran más o menos equilibrados, y de ahí la propuesta de que sean las Cortes Generales (mediante una votación mayoritaria aprobada por 3/5 de los miembros del Congreso de los Diputados y del Senado) las que propongan los nombramientos de una parte de los miembros del CGPJ. En última instancia, lo que intentaban los “padres” de la Constitución era impedir que se diera cierto corporativismo judicial, y que predominara la soberanía popular (la voz del pueblo que había elegido a sus representantes en el Parlamento) a la hora de proponer estos nombramientos. La Ley de 1985 finalizó el recorrido, derivando al Parlamento todos los nombramientos. Y eso es exactamente lo que se ha venido haciendo desde entonces. Hasta ahora, todas las negociaciones para renovar los miembros de este órgano han sido llevadas a cabo y aprobadas por PP y PSOE, porque el bipartidismo era mayoritario. Sin embargo, hoy día esa proporción ha cambiado, y tenemos un Gobierno de coalición (PSOE-Unidas Podemos), que constituye la nueva realidad parlamentaria y gubernamental que debería negociar dicha renovación. Sin embargo, el PP se ha negado rotundamente (de unos meses acá) a negociar dicha renovación alegando que Podemos está en el gobierno, y que por tanto sus propuestas de nombramientos van a estar muy escorados a la izquierda (de hecho lo que ha propuesto es que se excluya a Podemos de las negociaciones, lo cual es de nuevo un signo de los tics antidemocráticos, arcaicos, intolerantes y prepotentes de la derecha de este país, que no asume los resultados electorales que no le favorecen). Llegados a esta situación, y para no eternizar el problema, el Presidente del Gobierno ha anunciado que va a proponer una reforma del sistema de nombramientos, de tal manera que sea necesaria únicamente una mayoría absoluta la que pueda acordar dichos nombramientos, en vez de una mayoría más amplia de 3/5, que es la que ahora está vigente.

Lo último ha sido, en respuesta a la ofensiva del Gobierno, la propuesta del PP, que da título a nuestro artículo, y que reza porque “los jueces elijan a los jueces” (Pablo Casado dixit), rebajando la  intervención del Parlamento, una propuesta de retorno al mandato constitucional puro, pero con una tremenda ofensiva ideológica, pues el Partido Popular sabe perfectamente que, aún hoy día, a más de 40 años de período democrático, la mayoría de jueces y juezas poseen un ideario conservador (al igual que los medios de comunicación dominantes). De hecho, el otro partido de la derecha, Ciudadanos, ya abogaba por esta propuesta desde que nació como formación política. Concretamente, el PP ha propuesto que los magistrados elijan directamente a los 12 vocales del turno judicial (los que se nombran entre jueces en activo), y que el Parlamento elija los 8 vocales del turno de juristas de reconocido prestigio. Visto lo visto, dejar que los jueces nombren a la mayoría de sus colegas para el CGPJ, que a su vez como hemos visto gestiona todos los asuntos judiciales a nivel nacional, es consagrar en la judicatura la permanencia mayoritaria del pensamiento conservador, lo cual sería una estupenda noticia para la derecha y la ultraderecha de este país. Pero por todo lo que hemos explicado, no podemos dejar que dicha propuesta del PP y Ciudadanos prospere, al menos hasta que la institución judicial se haya democratizado en mayor grado, y el balanceo entre jueces conservadores y progresistas garantice un tratamiento de los asuntos más equilibrado. ¿Se atreverían Pablo Casado e Inés Arrimadas a proponer que fueran los jueces los que eligieran a los jueces, si existiera una mayoría de jueces progresistas? Claro que no, ahora lo proponen porque saben perfectamente que la judicatura es un Cuerpo mayoritariamente de pensamiento conservador y de derechas, y por tanto, están tranquilos, pues ven sus intereses protegidos.

Rafael Silva. Blog “Actualidad Política y Cultural”, http://rafaelsilva.over-blog.es