La Audiencia Nacional ha anulado la concesión por parte del Ministerio de Interior de tres medallas de plata a tres comisarios jubilados: Francisco López Canedo, Eloy Quirós y Manuel Páez Méndez, al considerar que esa condecoración no estuvo suficientemente motivada, es decir, los méritos que exige la ley para ser merecedores de dicha distinción no aparecen detallados en los expedientes ni se motivaron las razones por las que se tomó la decisión.
La distinción, concedida por la orden de 22 de septiembre de 2020 del Ministerio del Interior, suponía que los galardonados incrementarían su pensión de jubilación en un 15% del sueldo del que disfrutaban cuando estaban en activo, además del 45% que acarreaban ya tras la concesión de otras tres medallas rojas durante su carrera, también pensionadas.
Los colectivos policiales se llevan quejando desde hace años de que la concesión de estas medallas no llegue a los agentes que realmente han sido heridos en acto de servicio. Es por ello que tras la decisión de Interior de entregar las medallas, el 8 de octubre de 2020 la Unión Federal de Policía (UFP) presentó un recurso.
Este miércoles, en su sentencia, el magistrado Luis Carlos de Rozas Curiel del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 6 ha estimado el recurso que censuraba no solo la falta de claridad del procedimiento sino también que se le hubiera otorgado a los comisarios jubilados la misma medalla que a un inspector que resultó gravemente herido tras ser embestido el vehículo policial por unos narcos en Algeciras.
El juez considera que “el procedimiento seguido no es claro en orden a la concesión de estas condecoraciones a funcionarios jubilados, añadiendo que que dicha oscuridad provoca suspicacias en el sistema de concesión de condecoraciones, al no conocer los requisitos de cada uno de los funcionarios jubilados que les hacen ser acreedores de la citada medalla de plata. Es por ello de urgente necesidad conocer qué méritos extraordinarios hacen necesaria la concesión de la citada medalla a los funcionarios jubilados”.
“Dichas concesiones obedecen a incrementar la cuantía de la pensión de jubilación de cada uno de los concesionarios, puesto que la concesión de esta condecoración supone un incremento salarial del 15% de las retribuciones básicas a añadir a la pensión de jubilación” ha añadido el magistrado.
Las cruces al mérito policial fueron instauradas mediante la Ley de Condecoraciones Policiales, en vigor desde abril de 1964. Este reconocimiento venía a sustituir la medalla al mérito policial en su categoría de bronce, instituida -junto a las de oro y plata- en virtud de un decreto de 18 de junio de 1943 con la que se buscaba premiar “los servicios extraordinarios practicados en favor del orden, así como los trabajos o estudios de sobresaliente interés científico o de técnica profesional”.
Para ser merecedor de la cruz de plata al mérito policial, el funcionario a distinguir debe haber resultado muerto o herido en acto de servicio o con ocasión de él, sin menoscabo del honor, ni por imprudencia, impericia o accidente; dirigir o realizar algún servicio de trascendental importancia, que redunde en prestigio de la corporación, poniendo de manifiesto excepcionales cualidades de patriotismo, lealtad o abnegación; tener una actuación ejemplar y extraordinaria, destacando por su valor, capacidad o eficacia reiterada en el cumplimiento de importantes servicios, con prestigio del Cuerpo, o realizar hechos análogos que merezcan esta recompensa por implicar méritos de carácter extraordinario, tal y como explica El Independiente.
La finalidad de las condecoraciones era incrementar la pensión de los comisarios
La UFP ha celebrado la decisión y considera que el juez ha determinado que las condecoraciones se entregaron “con la única finalidad de incrementar la pensión de estos tres comisarios principales”. Además, va a exigir las responsabilidades que sean necesarias en aras de una mayor trasparencia en la concesión de las medallas y cruces pensionadas concedidas por la Dirección General de la Policía.
