El juez Pablo Llarena retiró hoy la orden de extradición emitida contra el ex presidente Carles Puigdemont y los cuatro miembros del Govern que le acompañan en Bélgica: Antoni Comín, Luís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsati, con lo que se facilita su entrega a España al sortear los escollos que tenían estancado el proceso.
Llarena elimina de esta forma los delitos de «rebelión» y «sedición» imputados «al Govern en el exilio», supuestos penales que no tienen equivalente en la legislación belga. Esa doble acusación estaba estancando la euroorden de extradición emitida por la jueza Carme Lamela el pasado 3 de noviembre.
El magistrado del Tribunal Supremo, que ha pedido que se comunique su decisión a las autoridades belgas, mantiene, no obstante, la orden de detención contra Puigdemont y los exconsellers.
Ahora el juez belga podría dictaminar su entrega a España basándose en los delitos de “malversación y desobediencia”, no en los de “rebelión” y «sedición». En el caso de que el proceso avance por esta vía, los cinco políticos catalanes serían detenidos tras su regreso a casa.
Tras la supresión de la euroorden, Puigdemont y los exconsellers pueden viajar libremente por Europa, con la excepción de España.
De momento, los imputados han decidido permanecer en Bélgica para estudiar con sus abogados las consecuencias de la decisión del juez Pablo Llarena, y preparar una nueva defensa que podría seguir insistiendo en la falta de garantías de «un juicio justo en España» donde, según alegan, tampoco se respetan los Derechos Humanos.
La idea del abogado defensor de «los fugados», Paul Bekaert es agotar todos los recursos legales disponibles en Bélgica para alargar el proceso hasta enero de 2018. De esa forma se tomaría el pulso a las elecciones del 21-D, y se vería hasta qué punto Puigdemont, cabeza de lista de JxCat, saldría reforzado en la consulta electoral.
