Este lunes comienza en Londres la segunda parte del juicio de extradición a Estados Unidos de Julian Assange, fundador de Wikileaks, por difundir información confidencial de ese país en 2010.

Estados Unidos lo acusa de violar su ley de Espionaje por la publicación de documentos secretos en 2010 sobre la guerra de Irak y Afganistán que revelaban crímenes de guerra, corrupción y prevaricato en la política bélica estadounidense en Irak y Afganistán.

Assange fue extraditado a Suecia tras una denuncia por presunta violación y abuso sexual de dos mujeres y solicitó asilo político en la embajada de Ecuador en Londres. El caso fue archivado.

En abril del año pasado la policía inglesa ingresó en la embajada ecuatoriana y lo arrestó por no haberse entregado a la corte cuando estaba libre bajo fianza en 2012 y desde entonces el fundador de WikiLeaks permanece en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, en el sudeste de Londres.

El proceso se inició en febrero y la segunda parte del juicio de extradición a Estados Unidos debería haber comenzado en abril pero se demoró con la pandemia, tiempo en el que Estados Unidos aprovechó para ampliar sus acusaciones a los 18 delitos que se le imputan y que podrían ser penados con hasta 175 años de cárcel.

Además dos de sus socios en WikiLeaks y un empleado de la organización son acusados de cómplices en la conspiración contra la seguridad estadounidense.

El argumento estadounidense es que la publicación de estos documentos clasificados pone en peligro la vida de personas o la seguridad del estado.

Según la defensa del periodista, una larga lista de irregularidades y violaciones de derechos fundamentales deberían impedir su extradición: el artículo 4 del tratado de extradición bilateral entre Estados Unidos y el Reino Unido prohíbe la extradición por motivos políticos; también se prohíbe en caso de que haya “un riesgo de ser sometido a un juicio injusto”, es decir, sin las garantías mínimas de imparcialidad de un estado de derecho; el riesgo de tortura citado por el Rapporteur sobre tortura de la ONU en el caso de extradición de Assange y la violación a la libertad de prensa y expresión: la extradición consagraría como delito la divulgación de información gubernamental.

La cobertura del juicio contará además con restricciones. Solo 10 periodistas podrán ingresar a las sesiones. Además de comprometer la transparencia del proceso, esta restricción es una manera de invisibilizar el estado de salud precario de Assange.

Las audiencias del caso Assange se extenderán hasta el 25 de septiembre, mientras el fundador de WikiLeaks permanecerá en Belmarsh a donde ha sido trasladado desde la embajada de Ecuador en Londres en la que estuvo refugiado siete años.

Stella Moris, pareja de Julian Assange y madre de dos de sus hijos, ha denunciado que las acusaciones de Estados Unidos contra el fundador de WikiLeaks son «delitos políticos» y responden a un «acto político» del Gobierno del presidente Donald Trump.

Moris pidió a la Justicia británica que rechace la extradición de Assange argumentando que las extradiciones «por motivos políticos» están prohibidas en el tratado extraditorio británico-estadounidense.

Además ha lamentado que su pareja no haya podido comunicarse con sus abogados en los últimos seis meses por la pandemia y critica que Estados Unidos cambiara su auto de procesamiento a última hora y emitiera en agosto una nueva petición de extradición.