En 2013, el fondo Magic Real Estate de la entidad de capital riesgo estadounidense Blackstone ha sido la adjudicataria de la subasta de 1.860 pisos realizada por la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS) por 128,5 millones de euros. Es decir, los pisos se han vendido por un precio medio de algo más de 69.000 euros.
Ocho años después los responsables directos de la polémica venta de dichas viviendas, realizada durante el mandato de Ana Botella, se sientan en el banquillo este martes, en un juicio que se alargará hasta finales de mes. Las actuaciones fueron archivadas por el Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid en enero de 2019, pero posteriormente las tuvo que reabrir a petición de las acusaciones populares que ejercen tanto el PSOE como la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas de la EMVS.
Ana Botella, que ya había sido exonerada definitivamente por el Tribunal Supremo de este asunto en junio de 2020, y el núcleo duro del Gobierno municipal que autorizaron la venta no serán juzgados. Los únicos acusados son Fermín Oslé Uranga, el entonces consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), y Alfonso Benavides Grases, antiguo apoderado de Fidere Vivienda –sociedad de inversión inmobiliaria del fondo Blackstone–. Los delitos que aprecian los magistrados en la operación son: malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude.
Este viernes, tal y como informa elDiario.es, la Fiscalía de Madrid emitía su escrito en el que solicitaba a absolución de los acusados, ya que «el procedimiento en todo momento se ajustó a las prescripciones establecidas» en la ley que «permitía la enajenación por sus titulares, el Ayuntamiento de Madrid, de las viviendas con protección pública para arrendamiento y arrendamiento con opción a compra por promociones completas y a precio libre, previa autorización de la Consejería competente en materia de vivienda».
Además, entiende que se siguieron «en todo momento los principios establecidos en el artículo 1 de la Ley de Contratos del Sector Público». La Fiscalía también señala que «el ejercicio económico de 2013 arrojó un resultado positivo en todas sus partidas, incrementando el patrimonio neto y los fondos propios y reduciendo el pasivo, conforme a las previsiones del Plan de Viabilidad y dando cumplimiento a las obligaciones de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera».
Por su parte, la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas de la EMVS pide para los acusados ocho años de cárcel por fraude y por malversación de caudales públicos, así como ocho años de inhabilitación para ejercer como cargo público.
El Tribunal de Cuentas revoca la sentencia contra Ana Botella por dos votos a uno
Aunque en un principio el caso acabó en una condena contra Botella y siete altos cargos de su gobierno, luego el Tribunal de Cuentas revocó la sentencia. El tribunal les condenó a pagar 25,7 millones de euros por vender 1.860 viviendas públicas protegidas a dos sociedades del fondo buitre Blackstone a un precio por debajo de mercado, pero después la Sala de Enjuiciamiento revocó ese fallo tras el recurso de los condenados.
Los dos votos a favor de revocar la sentencia los emitieron dos consejeros propuestos por el PP: la exministra del Gobierno de Aznar Margarita Mariscal de Gante y José Manuel Suárez Robledano. El voto en contra fue de Felipe García, consejero propuesto por el PSOE, que mantuvo que la operación de venta fue «lesiva» para el patrimonio municipal y que no cumplió los principios de «publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad» en el procedimiento .
La primera sentencia de diciembre de 2018 concluyó que el núcleo duro del Gobierno de Botella, ocho de sus miembros empezando por la alcaldesa, «incurrieron en una negligencia grave» porque «no impidieron el perjuicio en el patrimonio público» a la hora de vender 5.315 inmuebles de titularidad municipal (entre ellos 18 bloques completos de pisos protegidos) al Blackstone por 128,5 millones, cuando según los cálculos del Tribunal de Cuentas el Ejecutivo de Botella podría haber ingresado más de 151 millones.
Sin embargo, la siguiente resolución del Tribunal de Cuentas consideró que ambas partes (EMVS y el fondo de inversión) llegaron a un «punto de equilibrio de mercado» y concluyó que en 2012 la EMVS «enfrentaba una situación crítica» y que no debían olvidarse «cuáles eran las condiciones generales del mercado», tras el «desplome» del mercado financiero que se mostraba también «reacio» a refinanciar créditos inmobiliarios.
Según los cálculos que efectuó Blackstone (Fidere) años después las viviendas de protección oficial por las que pagó 128,5 millones de euros aumentaron su valor hasta los 662.098.184 euros.
La alcaldesa de la capital, la máxima responsable del Ayuntamiento y la que dio el último visto bueno a la operación en la Junta de Gobierno vio como la llegada de José Luis Martínez-Almeida a la Alcaldía de Madrid supuso que se librara por completo de cualquier responsabilidad penal y contable al cerrar la vía de los tribunales para el caso de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo.
No ha sido posible un acuerdo amistoso
Estos últimos meses antes de la celebración del juicio los afectados por la venta de viviendas y el fondo de inversión han mantenido conversaciones para llegar a un acuerdo amistoso que garantice las viviendas a los inquilinos, algo que no ha sido posible al tener puntos de vista diferentes.
«Lo que está claro es que lo que se hizo no es legal ni ético, ya que estamos viendo que todas las leyes se están haciendo en la dirección de que nunca más aquello que se hizo, vender vivienda pública, pueda repetirse», lamenta la presidenta de la asociación de afectados.
y volvemos a la dependencia de los jueces de los partidos políticos, ningún juez que vaya a ocupar un puesto en los más altos tribunales del Estado debería haber tenido ningún tipo de relación con la política, solo así se garantizaría la independencia de los tribunales, y se podría sentenciar de forma justa a todos los políticos corruptos que hoy por hoy quedan impunes. Somos la vergüenza de Europa en cuanto a JUSTICIA Y CORRUPCIÓN