El Ministerio de Justicia ha solicitado formalmente a la Fiscalía General del Estado que inicie una investigación sobre las actividades de las agencias de vientres de alquiler que operan en España. El Gobierno advierte que una práctica prohibida y que las agencias que ofrecen estos servicios en nuestro país se lucran mediante esta actividad ilegal que realizan en terceros países.

En el comunicado el Ministerio insiste que en estos terceros países se vulneren los derechos de las mujeres gestantes porque en ocasiones les pueden entregar a niños nacidos sin relación genética alguna con las parejas.

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