La ultraconservadora Asociación Española de Abogados Cristianos ha presentado una querella por prevaricación contra el alcalde de Cádiz, José María González “Kichi” por colgar de la fachada del Ayuntamiento la bandera LGTBI. La organización de juristas hace lo propio con el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar.
Abogados Cristianos solicita además medidas cautelarísimas para obligar a las dos administraciones a retirar dicha bandera a la mayor brevedad posible, señalando que «una sentencia reciente del Tribunal Supremo prohíbe la utilización de banderas no oficiales en el exterior de edificios públicos».
La asociación acumula una larga lista de fracasos en demandas, pero han conseguido que el ruido mediático envuelva todas sus polémicas actuaciones. Se ha han querellado contra la ministra Isabel Celáa, el colectivo Femen, el exvicepresidente de Madrid Ignacio Aguado o el actor Willy Toledo.
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, para la que cada insulto a la fe católica es una causa recuerda que “una sentencia reciente del Supremo prohíbe la utilización de banderas no oficiales en el exterior de edificios públicos”. Insiste en que “se trata del mismo caso que con las banderas independentistas. No se puede permitir que una administración coloque una bandera que sólo representa a una parte de la ciudadanía”.
Polonia Castellanos pide que “los responsables de las administraciones públicas que incumplen a sabiendas la ley sean inhabilitados”. Critica además que “muchos políticos hacen con la bandera arco iris lo que ellos mismos criticaban con las esteladas en Cataluña o las ikurriñas en Navarra”, “las banderas no oficiales no deben estar en los edificios públicos y así lo acaba de sentenciar claramente el Tribunal Supremo”.
