Manuel García Castellón, juez de la Audiencia Nacional,  ha imputado al jefe de seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, por revelación de secretos y cohecho en el marco de la pieza 17 del caso Tándem, en la que se investigan estos supuestos encargos de Iberdrola a al excomisario de Policía José Villarejo, como los presuntos trabajos de espionaje a ACS -propiedad de Florentino Pérez.

Por el momento no hay fecha prevista para que declare ante el juez, aunque inicialmente quería citarle la próxima semana, pero finalmente lo ha pospuesto debido debido a que Asenjo está aún convaleciente de una operación. A quien sí interrogará la próxima semana el magistrado es al propio Villarejo y a su socio, el abogado Rafael Redondo, para preguntarles por los contratos suscritos con Iberdrola.

Hace unas semanas el presidente de ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez, decidió personarse en calidad de acusación particular en este procedimiento después de que los medios digitales El Confidencial y Moncloa.com publicaran que Iberdrola contrató a Villarejo para chantajearlo y frenar la intención de la constructora de estar en el consejo de administración de la eléctrica.

A finales de octubre, el juez García Castellón abrió una pieza secreta dentro de la causa para investigar la presunta contratación por parte de Iberdrola de esos trabajos de espionaje.

La apertura de la pieza se produjo después de que se publicara que Iberdrola contrató a Villarejo para espiar a un juez, infiltrarse en plataformas contrarias a los intereses de la eléctrica, hostigar a miembros del comité de empresa de la central nuclear de Cofrentes o investigar a un accionista crítico con la gestión de la empresa.

Iberdrola reconoció que dos investigaciones internas, abiertas en noviembre de 2018 y otra en julio de 2019, concluyeron que se había contratado a Villarejo entre 2004 y 2017 para 17 servicios de tipo ordinario y propios de la Dirección de Seguridad Corporativa.

Además, concluyeron, según Iberdrola, que en el proceso de contratación y posterior pago de dichos trabajos se habían aplicado correctamente todos los controles y procedimientos internos de Iberdrola, presidida por Ignacio Sánchez Galán.

A mediados de octubre, la energética anunció que había decidido abrir una «nueva y exhaustiva» investigación interna para tratar de esclarecer la veracidad de las últimas informaciones publicadas sobre Villarejo y si se había incumplido el código ético de la compañía.

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