La Audiencia Nacional investiga a decenas de personas por haber blanqueado en España 35 millones de euros de los 230 millones de dólares que se apropió en 2007 la organización criminal liderada por Dmitry Klyuev de las arcas del Gobierno ruso, en el conocido como caso Magnitsky.
En un auto dictado este viernes, el magistrado Ismael Moreno ha admitido a trámite la denuncia, a la que ha tenido acceso Efe, presentada el pasado lunes en la Audiencia Nacional por la Fiscalía Anticorrupción contra estas personas por delitos de organización criminal y blanqueo.
El origen de esta denuncia son dos escritos remitidos a Anticorrupción en noviembre de 2017 y mayo de 2018 por el representante de la sociedad Hermitage Capital, que fue supuestamente usada por la mafia para sustraer el dinero.
Según Anticorrupción, esta sociedad fue víctima en 2007 de un fraude de 230 millones de dólares sustraídos del Gobierno ruso, que fue descubierto por el abogado Sergeo Magnitsky, detenido en 2008 y que murió en prisión.
El letrado dio nombre a la «ley Magnitsky», aprobada por EE.UU. en 2012 para castigar a individuos de la Federación Rusa que presuntamente estuvieron relacionados con su detención, maltrato y muerte.
Magnitsky descubrió que algunos funcionarios rusos se habían apropiado del dinero robando la identidad de Hermitage, y luego lo fueron blanqueando «a través de una estructura internacional de sociedades, bancos y países de escasa o nula transparencia y colaboración financiera y procesal», dice la denuncia.
El mecanismo consistió en la fraudulenta intervención de escrituras de Hermitage por policías rusos, el robo de su identidad empresarial y la aprobación de una devolución de Hacienda de 230 millones de dólares a su favor, de los que se apropiaron.
De ese dinero, 35 millones de euros fueron a parar a España. Concretamente, según Anticorrupción, hubo una primera remesa de 16,8 millones de euros transferidos desde quince cuentas en Estonia -que lo habían obtenido del Tesoro ruso- del Sampo Bank a nombre de empresas sin actividad.
Este dinero se divide en 9,7 millones recibidos por 65 beneficiarios en España, entre sociedades e individuos de origen ruso y de países de la ex Unión Soviética, para adquirir bienes inmuebles, y otros 7,1 por personas físicas y jurídicas para la «compra de piezas de recambio de automóviles, equipos de construcción, calzado, telas, mobiliario, servicios legales y de consultoría».
La segunda remesa fueron 12,7 millones de euros transferidos desde la cuenta del Tesoro ruso a la personal de Anna Kurepina Rueda, una de las denunciadas, en Caixa Girona. Fue en abril de 2008 cuando la sociedad Delco Networks transfirió esa cantidad desde el Ukio Banks en 25 partidas, en concepto de préstamo.
Finalmente, hubo una última que tuvo como destino cuentas españolas abiertas en el Banco Sabadell entre 2008 y 2009. En concreto, se enviaron 5,1 millones de dólares a la de Pavel Gagarin, presidente del Consejo de Administración de la consultora rusa Gradient Alpha, como «préstamo para la compra de bienes inmuebles». También otros 35.000 euros a la cuenta del Sabadell a nombre de Víctor Syshchikov.
En la denuncia la Fiscalía pidió imputar a Kurepina, a Gagarin, a Syshchikov y a las decenas de beneficiarios de las quince cuentas estonias por delitos de organización criminal y blanqueo de capitales.
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